Las Palmas de Gran Canaria. La persistente subida del precio del combustible, vinculada a la inestabilidad en Oriente Medio, está provocando un efecto dominó en el tejido productivo de Canarias y abre la posibilidad de paralizaciones y recortes de servicios en sectores clave de la economía del archipiélago.
Transporte: riesgo de renuncias a servicios
Representantes del sector del transporte ponen el foco en la insostenibilidad de la actividad en determinados subsectores. Según la Federación de Empresarios del Transporte, algunas empresas contemplan renunciar a prestación de servicios «discrecionales» y a contratos vinculados a administraciones públicas o actividades turísticas. También hay inquietud en el transporte de mercancías, especialmente en los trayectos que exigen servicios complementarios, como los realizados en controles fronterizos.
«Están planteándose renunciar a algunos servicios como el transporte discrecional de viajeros relacionados con la administración pública o en algunos casos con servicios turísticos, también el de mercancías, sobre todo, aquellos que requieren servicios complementarios».
El secretario general de la federación, José Ángel Hernández, ha señalado además la demora en la recepción de las ayudas comprometidas por las administraciones estatales y autonómicas, lo que agrava la situación de empresas que encaran costes crecientes sin la liquidez prometida.
Afectación al sector primario y a la pesca
El alza del carburante repercute también en el sector agrario, donde no sólo suben los costes de transporte sino de insumos fundamentales como fertilizantes y productos fitosanitarios. En la cooperativa tomatera de La Aldea (Gran Canaria), el director general de Coagrisa, Marcelo Rodríguez, considera «ridículas» las ayudas destinadas a fertilizantes y reclama una gestión más eficaz de los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas.
Rodríguez demanda que el Programa POSEI —instrumento comunitario pensado para cubrir las desventajas derivadas de la lejanía e insularidad— siga gestionándose desde Canarias y que las partidas respondan a las necesidades reales de los agricultores.
La pesca, por su parte, afronta un escenario aún más complejo. La presidenta de la Cofradía de Pescadores de Las Palmas, Juana Ojeda, también ha calificado de «ridículas» las ayudas otorgadas por las administraciones, subrayando la dificultad para sostener una actividad que depende de costes energéticos y de logística crecientes.
Consecuencias inmediatas y demandas
Entre las consecuencias previstas por las organizaciones representativas figuran:
- Reducción o supresión de servicios de transporte discrecional de viajeros y contratos públicos.
- Incremento del precio de los productos agroalimentarios por el aumento de costes de producción y logística.
- Mayor presión sobre la pesca local, con riesgo de disminución de la actividad y de ingresos para las cofradías.
Las reclamaciones que plantean los sectores afectados se centran en la agilización del pago de las ayudas ya comprometidas, la revisión de los importes y criterios de los programas de apoyo comunitarios y estatales, y medidas urgentes que mitiguen el impacto de los precios energéticos en actividades esenciales para la economía insular.
Tabla de sectores y efectos detectados
| Sector | Efectos principales |
|---|---|
| Transporte (viajeros y mercancías) | Servicios insostenibles, posible renuncia a contratos y recortes en rutas |
| Agricultura | Encarecimiento de insumos (fertilizantes, fitosanitarios), presión sobre márgenes |
| Pesca | Costes operativos al alza, ayudas insuficientes y riesgo de reducción de actividad |
El escenario descrito obliga a los gobiernos estatal y autonómico a intensificar la coordinación y a dar respuesta rápida a las peticiones sectoriales para evitar la pérdida de servicios públicos y el empeoramiento de la situación económica en un territorio ya marcado por la insularidad.
La evolución del conflicto en Oriente Medio mantiene la presión sobre los mercados energéticos internacionales, por lo que los agentes económicos locales reclaman medidas compensatorias proporcionales al impacto real que están sufriendo en Canarias.
La resolución de esta crisis de costes determinará en gran medida la capacidad de recuperación de sectores clave y la estabilidad del tejido productivo del archipiélago en los próximos meses.
