Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han intensificado la contratación de empresas de investigación privada para el control de bajas laborales, recurriendo a licitaciones públicas que se han producido a ritmo de hasta dos procedimientos por semana en los últimos meses. Los registros en la plataforma estatal de contratación recogen cerca de 70 expedientes abiertos destinados a subcontratar detectives en distintas provincias y ámbitos territoriales.
Ámbito y finalidad de los contratos
Estos contratos, tramitados por mutuas que actúan como gestores de prestaciones de incapacidad temporal, abarcan todo el territorio nacional, incluidas zonas como Ceuta, Melilla y Tenerife. Los pliegos explicitan que la externalización responde a la necesidad de «realizar cuantas gestiones sean necesarias para el control y la gestión de las prestaciones» y para valorar «el derecho a las prestaciones por parte del beneficiario» o acreditar la veracidad, alcance y limitaciones de las lesiones alegadas.
En la documentación de una de las licitaciones, Mutua Balear señala entre sus competencias la potestad para denegar o extinguir subsidios cuando exista una actuación fraudulenta, y remarca la obligación de «poner todos los medios a su alcance para llevar una buena gestión». Por su parte, un pliego para la provincia de Pontevedra, promovido por MC Mutual, subraya objetivos similares relacionados con la comprobación de la correspondencia entre las lesiones y la prestación reclamada.
«Entre las competencias que tienen atribuidas las mutuas ... se encuentra la denegación o extinción del derecho al subsidio económico por una actuación fraudulenta del beneficiario»
Alcance territorial y volumen de expedientes
Los procedimientos disponibles en la plataforma de contratación muestran una dispersión geográfica amplia y, en ocasiones, específicas delimitaciones territoriales como «ámbito de Ferrol» o la «capital lucense». Las provincias señaladas en los pliegos más recientes incluyen, entre otras, Pontevedra, A Coruña y Lugo.
| Concepto | Datos citados |
|---|---|
| Expedientes iniciados | Cerca de 70 |
| Frecuencia estimada | Hasta 2 licitaciones semanales |
| Ámbitos mencionados | Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ferrol, capital lucense, Ceuta, Melilla, Tenerife |
Servicios solicitados y objetivos operativos
Los pliegos incluyen la contratación de servicios de detectives que realicen actuaciones integrales para comprobar la situación real de los beneficiarios de prestaciones por contingencias comunes o profesionales. Entre las tareas que suelen detallarse figuran:
- Investigaciones de actividad y movilización del titular de la prestación.
- Recogida de pruebas y documentación que permitan acreditar la existencia o no de fraude.
- Valoración pericial sobre el alcance de las lesiones y sus limitaciones para el trabajo.
- Actuaciones de seguimiento en horarios diversos, incluidos días festivos y noches, según determinados pliegos.
Fuentes de varios pliegos consultados indican que la contratación pretende facilitar la toma de decisiones administrativas respecto a la concesión, mantenimiento o extinción de prestaciones económicas.
Contexto legal y obligación de contratación pública
Aunque las mutuas son entidades privadas, la normativa que las considera parte del sector público obliga a que liciten los contratos a través del portal oficial del Ministerio de Hacienda, igual que otros órganos de la Administración. Ese marco busca garantizar publicidad, transparencia y concurrencia en la adjudicación de servicios, según recogen los propios anuncios publicados.
La proliferación de expedientes de investigación plantea preguntas sobre la repercusión de estas prácticas en la gestión de prestaciones y en la relación entre control y derechos de los trabajadores en situación de incapacidad. Las mutuas justifican las actuaciones en su obligación de fiscalizar el correcto destino de los recursos y en su facultad para actuar frente a posibles fraudes; los pliegos reflejan esa finalidad y la voluntad de documentar el estado real de los beneficiarios antes de resolver sobre la prestación.
El aumento de las licitaciones, su extensión geográfica y la naturaleza de los servicios demandados evidencian una apuesta decidida por parte de varias mutuas por reforzar los mecanismos externos de indagación. Quedan pendientes, no obstante, datos públicos sobre el coste agregado de estos contratos, su eficacia práctica y los controles administrativos que garanticen el respeto a derechos fundamentales durante las investigaciones.
