Una plataforma ciudadana y varias entidades sociales han presentado en los últimos días alrededor de 50.000 alegaciones en contra de los tres proyectos de centrales hidroeléctricas de bombeo con agua marina promovidos en la comarca de A Groba, en la provincia de Pontevedra. Las instalaciones afectadas son las denominadas Punta Centinela, Fonte das Mañas y Portecelo, ubicadas en los términos municipales de Mougás, Oia y O Rosal, respectivamente.
Objeto del conflicto y alcance territorial
Los opositores —que integran a comunidades de montes, asociaciones vecinales y culturales, ganaderos, ONG ecologistas y otros colectivos locales agrupados en la plataforma Turonio— sostienen que los proyectos no sólo ocupan la franja costera de dominio público marino-terrestre, sino que impactan «un sistema territorial continuo de elevado valor ambiental, paisajístico, hidrológico, patrimonial e cultural» que incluye el ecosistema marino, la fachada costera y los montes de la Serra da Groba.
«a actuación non afecta unicamente á franxa litoral directamente ocupada polo Dominio Público Marítimo-Terrestre, senón a un sistema territorial continuo de elevado valor ambiental, paisaxístico, hidrolóxico, patrimonial e cultural»
Según la documentación aportada por la plataforma y citada por colectivos como SOS Groba, Instituto de Estudos Miñoráns y Salvemos Monteferro, los planes de evacuación eléctrica atraviesan los montes para conectar con la subestación de Atios (Porriño), incrementando así la huella territorial de las infraestructuras.
Vínculo con parques eólicos y críticas a la tramitación
Los promotores de las centrales justifican su papel como instalaciones de almacenamiento que permitirían regular la producción eléctrica vinculada a parques eólicos marinos proyectados en el frente marítimo de A Guarda. No obstante, los grupos críticos alertan de que la documentación administrativa muestra que la actuación afectaría también a las serras asociadas —Groba, Argallo y Galiñeiro-Aloia— y a varias cabeceras hidrográficas.
Bruno Centelles, portavoz de la plataforma Turonio, ha censurado la tramitación y las «trampas» que, a su juicio, se han venido produciendo durante el proceso. Centelles recuerda además la relación técnica entre las centrales de bombeo y los parques eólicos, dado que el agua se usaría para almacenar y volver a generar electricidad cuando sea necesario.
«trampas»
Proyectos implicados
En total hay tres proyectos en trámite y la plataforma considera que las evaluaciones ambientales y el alcance de la ocupación territorial no han sido abordados con la suficiente amplitud. A modo de síntesis, las instalaciones a las que afectan las alegaciones son:
- Punta Centinela — previsiblemente en Mougás.
- Fonte das Mañas — proyectada en Oia.
- Portecelo — propuesta para O Rosal.
| Central | Municipio |
|---|---|
| Punta Centinela | Mougás |
| Fonte das Mañas | Oia |
| Portecelo | O Rosal |
Impactos ambientales y debate energético
Los colectivos que han impulsado las alegaciones argumentan que los daños potenciales abarcan no sólo la ocupación física del litoral, sino efectos sobre el paisaje, la biodiversidad marina y terrestre, los recursos hídricos y elementos patrimoniales y culturales vinculados a la Serra da Groba. También denuncian que la concatenación de proyectos —centrales de bombeo y parques eólicos marinos— multiplica las presiones sobre un área ya valorada por su singularidad ambiental.
Los promotores de las infraestructuras sostienen que estas instalaciones permitirían almacenar energía y mejorar la integración de fuentes renovables flotantes, evitando pérdidas en periodos de baja demanda. Sin embargo, la acumulación de alegaciones y las críticas técnicas y sociales obligarán a que las administraciones competentes revisen la documentación, realicen las evaluaciones pertinentes y resuelvan las reclamaciones antes de cualquier autorización definitiva.
La presentación masiva de alegaciones sitúa el proyecto en el centro de un debate más amplio sobre cómo conciliar la expansión de renovables marinas con la protección de espacios costeros y montanos de alto valor, y sobre las garantías de transparencia y participación en los procesos de tramitación ambiental.
La resolución del conflicto dependerá ahora de los informes técnicos que emitan las distintas administraciones y de la capacidad de diálogo entre promotores, administraciones y comunidades afectadas.
