El Gobierno de Melilla ha reclamado al Ejecutivo central que active los expedientes para el retorno a Marruecos de los 330 menores extranjeros que permanecen acogidos en los centros de protección de la ciudad autónoma. El Ejecutivo melillense, del PP, sostiene que el sistema se encuentra desbordado, ya que la cifra de menores atendidos cuadruplica las 84 plazas contempladas en la declaración de contingencia migratoria.
La petición fue trasladada públicamente por el vicepresidente tercero, Daniel Ventura, y la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, quienes situaron el origen del conflicto en la reunión técnica sobre menores celebrada esta semana. Según la versión ofrecida por ambos responsables, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, se negó a aplicar los expedientes de repatriación planteados por la Ciudad Autónoma.
Un sistema con cuatro veces la capacidad prevista
Los datos expuestos por el Gobierno melillense reflejan la distancia entre la capacidad de referencia y la ocupación actual de los recursos de protección. La declaración de contingencia migratoria es el instrumento que la ciudad activa cuando la acogida supera su estructura ordinaria. En este caso, la atención de 330 menores se sitúa muy por encima del umbral de 84 plazas fijado en ese marco.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Menores atendidos en los centros | 330 |
| Capacidad prevista en contingencia | 84 plazas |
| Relación entre atención y capacidad | Cuatro veces |
La sobreocupación se ha convertido en el argumento central del Ejecutivo autonómico, que lleva meses advirtiendo de que los centros no pueden afrontar otro invierno con los actuales volúmenes de acogida. La Ciudad Autónoma considera que la situación exige decisiones del Estado y reclama que la respuesta no quede limitada a la gestión diaria de los recursos de protección.
Un desacuerdo entre administraciones
La controversia no se limita a la capacidad de los centros. La Delegación del Gobierno representa al Ejecutivo central en Melilla y su posición resulta determinante para la tramitación que pretende impulsar la Ciudad Autónoma. Por ello, el Gobierno melillense interpreta la negativa atribuida a la delegada como un bloqueo a una medida que considera necesaria para aliviar la presión asistencial.
Durante la comparecencia, Ventura y Mohamed denunciaron que Moh no aprecia encaje en el caso melillense y que opta por no activar los procedimientos de retorno. La afirmación forma parte de la explicación ofrecida por el Ejecutivo autonómico sobre el resultado de la reunión técnica, sin que el contenido facilitado recoja una respuesta de la Delegación del Gobierno a esas acusaciones.
El conflicto abre así un nuevo frente entre las dos administraciones con competencias y responsabilidades distintas en la atención a los menores. Mientras la Ciudad Autónoma pone el foco en la falta de plazas y en la necesidad de descongestionar los centros, la representación del Estado debe intervenir en la tramitación que permitiría poner en marcha los expedientes reclamados por Melilla.
El precedente que cita el Gobierno melillense
La comparación con Ceuta ocupa un lugar destacado en la reivindicación. El Ejecutivo de Melilla afirma que en la ciudad autónoma vecina ya se aplica la fórmula de retorno a Marruecos y utiliza ese precedente para reclamar un trato equivalente. El argumento introduce un componente de agravio comparativo en la disputa y refuerza la exigencia de que la Administración central adopte en Melilla una respuesta similar.
- La Ciudad Autónoma cifra en 330 los menores atendidos actualmente.
- La capacidad prevista en la declaración de contingencia es de 84 plazas.
- El Gobierno melillense acusa a la Delegación de no activar los expedientes de retorno.
- Ceuta es presentada como referencia porque, según Melilla, allí ya se aplica esa fórmula.
La petición afecta a menores bajo protección, por lo que cualquier actuación debe canalizarse mediante los expedientes correspondientes. La información difundida por el Gobierno de Melilla no detalla el número de procedimientos iniciados, su estado individual ni los plazos previstos para su eventual resolución. Tampoco precisa qué parte de los 330 menores quedaría incluida en la reclamación más allá de la referencia general realizada por los responsables autonómicos.
La presión sobre los servicios de protección
El impacto inmediato del desbordamiento se concentra en los centros de protección y en la capacidad de la ciudad para atender a los menores acogidos. La diferencia entre las 84 plazas de referencia y los 330 menores comunicados por el Ejecutivo autonómico explica la dimensión del problema planteado por Melilla y fundamenta su petición de medidas al Gobierno central.
La disputa institucional queda ahora vinculada a dos cuestiones: la tramitación de los retornos que reclama la Ciudad Autónoma y la gestión de los recursos mientras esos procedimientos no se activen o no concluyan. El Gobierno melillense ha hecho pública su posición tras la reunión técnica de esta semana, pero el material disponible no incluye una decisión posterior de la Delegación ni un calendario para resolver el desacuerdo.
Con esta reclamación, Melilla pretende que el Ejecutivo central intervenga para reducir la presión sobre un sistema que, según sus propios datos, atiende a cuatro veces la capacidad prevista en situación de contingencia. La respuesta deberá dirimir tanto la aplicación de los expedientes solicitados como el marco de cooperación entre la ciudad autónoma y la Delegación del Gobierno en la protección de los menores.
