La condena queda confirmada
El Tribunal Supremo ha cerrado la vía judicial abierta por la defensa de R.R., antiguo decano del Colegio Oficial de la Psicología de Melilla, al rechazar tanto su recurso de casación como el posterior incidente de nulidad de actuaciones. La decisión consolida una pena de 18 años de prisión por dos delitos de agresión sexual cometidos contra una menor.
Los hechos se produjeron en el domicilio del condenado en agosto de 2017 y marzo de 2020, cuando la víctima tenía 11 y 13 años, respectivamente. La resolución del alto tribunal considera acreditado que el acusado se prevalió de la relación de confianza que mantenía con la niña y de la influencia que ejercía sobre ella.
Actuó «amparado en su sabida ascendencia sobre la menor», que lo consideraba «como un padre adoptivo».
La sentencia describe así una relación de especial ascendencia, un elemento que los tribunales han tenido en cuenta al valorar la conducta por la que fue condenado. La víctima mantenía con el procesado un vínculo de confianza que, según el fallo, facilitó la comisión de las agresiones.
Un cambio de conducta tras la segunda agresión
El pronunciamiento judicial también recoge las consecuencias que los hechos tuvieron en la menor. Después de la segunda agresión, su comportamiento «cambió radicalmente», según la resolución. El tribunal señala que pasó a mostrarse desconfiada, especialmente ante hombres adultos, y que salía a la calle en un estado permanente de alerta por temor a encontrarse con personas relacionadas con el condenado.
La descripción de esas secuelas forma parte de la valoración judicial del daño causado. En el procedimiento se estableció una indemnización de 50.890 euros por las lesiones y el perjuicio moral, aunque la evolución de la condena modificó posteriormente uno de los delitos inicialmente apreciados.
De 24 años y dos meses a 18 años
La Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla dictó en 2025 la primera sentencia, con una pena conjunta de 24 años y dos meses de cárcel. La resolución incluía dos delitos de agresión sexual y otro de lesiones, además de la obligación de indemnizar a la víctima.
La defensa recurrió ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Cinco meses después, el TSJA estimó parcialmente la apelación: absolvió a R.R. del delito de lesiones y redujo de 11 años y medio a nueve la pena correspondiente a cada una de las dos agresiones sexuales. El resultado fue una condena total de 18 años de prisión.
| Órgano judicial | Decisión |
|---|---|
| Audiencia Provincial de Málaga, sede en Melilla | 24 años y dos meses por dos agresiones sexuales y lesiones |
| TSJA | Absuelve por lesiones y fija nueve años por cada agresión |
| Tribunal Supremo | Rechaza la casación y mantiene la pena de 18 años |
El recurso ante el Supremo
R.R. acudió en casación alegando, entre otros motivos, una supuesta vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. El Tribunal Supremo desestimó sus argumentos en julio, en línea con la petición formulada por el Ministerio Fiscal, y le impuso las costas del recurso.
Tras esa resolución, la defensa promovió un incidente de nulidad de actuaciones con el objetivo de dejar sin efecto la decisión. El Supremo también lo ha rechazado. Con este último pronunciamiento, la condena de 18 años queda firme, según las resoluciones a las que tuvo acceso la agencia EFE y la información difundida sobre el caso.
Trayectoria profesional y vinculación política
El condenado ocupó anteriormente la dirección del Colegio Oficial de la Psicología de Melilla. Su trayectoria pública también estuvo relacionada con el PSOE melillense. En las elecciones a la Asamblea de Melilla de 2011 figuró en el puesto número 11 de la candidatura encabezada por Dionisio Muñoz Pérez, aunque esa lista no obtuvo para él representación institucional.
Asimismo, formó parte de la Ejecutiva del PSOE de Melilla, organización de la que se dio de baja en enero de 2019. Esta actividad política y su responsabilidad profesional forman parte de su trayectoria pública, pero la resolución judicial se refiere a hechos de naturaleza penal cometidos en el ámbito privado y fija las consecuencias jurídicas derivadas de ellos.
Una resolución definitiva
La decisión del Tribunal Supremo no abre una nueva revisión de los hechos en la jurisdicción ordinaria. El rechazo de la casación y de la nulidad mantiene el pronunciamiento del TSJA: dos penas de nueve años de prisión por sendos delitos de agresión sexual y la indemnización establecida por los daños y el perjuicio moral ocasionados a la víctima.
- Pena firme: 18 años de prisión.
- Víctima: una menor que tenía 11 y 13 años cuando ocurrieron los hechos.
- Indemnización: 50.890 euros por lesiones y daño moral.
- Última decisión: rechazo del recurso de casación y del incidente de nulidad.
El caso queda así resuelto con una condena firme contra el antiguo responsable colegial, después de que las sucesivas instancias judiciales revisaran parcialmente la primera sentencia y mantuvieran acreditada la responsabilidad por las dos agresiones sexuales.
