La Comunidad de Madrid ha anunciado que no asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este viernes, reunión en la que el Gobierno pretende someter a votación el nuevo modelo de financiación autonómica. Fuentes del Ejecutivo regional trasladaron la decisión a EFE y señalaron que han transmitido esa postura en encuentros internos con la dirección nacional del Partido Popular y con los consejeros de Economía y Hacienda del partido.
Motivos y llamado al resto de autonomías del PP
El Gobierno madrileño, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, justifica la ausencia como una fórmula para impedir la aprobación de un acuerdo que, a su juicio, se ha negociado «de manera bilateral» entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña, «de espaldas al resto» de comunidades autónomas. En ese contexto, Madrid ha instado a las demás regiones gobernadas por el PP a secundar la medida como vía para paralizar la reforma.
«La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse en el CPFF es que no haya quorum en la reunión . La ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas».
En su comunicado, la Comunidad de Madrid acusa asimismo a la propuesta de contribuir a una desigualdad entre territorios y responsabiliza a la Generalitat por decisiones derivadas de la negociación con el Gobierno central.
Gestiones internas y alcance político
Según las fuentes consultadas, la postura se ha debatido en reuniones internas del PP, tanto a nivel autonómico como en coordinación con la dirección nacional del partido y los titulares de Economía y Hacienda de las comunidades populares. El objetivo explícito es impedir que el CPFF pueda celebrar la votación con quórum suficiente para validar el nuevo modelo.
La convocatoria de Madrid añade tensión a un calendario ya marcado por la controversia en torno a la reforma de la financiación autonómica, cuyo trámite en el CPFF se ha convertido en un escenario de confrontación entre el Ejecutivo central y varias comunidades que objetan el contenido del acuerdo.
- Posición de Madrid: boicot a la reunión del CPFF para impedir que prospere la propuesta.
- Argumento central: denuncia de negociación bilateral entre el Gobierno y Cataluña que deja fuera al resto de comunidades.
- Coordinación: comunicación de la decisión a la dirección nacional del PP y a consejeros autonómicos de Hacienda y Economía.
Consecuencias institucionales y políticas
La ausencia de la Comunidad de Madrid busca, en la práctica, impedir que exista quórum en el CPFF. Aunque la materialización de ese objetivo dependerá de que otras comunidades del PP y sus representantes sigan el llamamiento, la iniciativa plantea varias consecuencias inmediatas:
- Posible paralización temporal del proceso de aprobación del nuevo modelo de financiación.
- Escalada de la confrontación entre el Gobierno central y las comunidades autonómicas favorables a la propuesta.
- Agravamiento de las tensiones internas del PP al obligar a las direcciones territoriales a decidir si secundan el boicot.
El anuncio de Madrid se inscribe además en un contexto político nacional marcado por la sensibilidad de las comunidades hacia la distribución de recursos y por la conflictividad con Cataluña en cuestiones de autogobierno y financiación. La capacidad del Ejecutivo central para sacar adelante la reforma dependerá ahora tanto del apoyo que obtenga en el CPFF como de la reacción de las autonomías, incluidas las que compartan la posición crítica sin llegar a secundar la ausencia.
Fuentes del Gobierno regional han subrayado que la estrategia persigue «defender la igualdad de todos los españoles» y evitar, en su diagnóstico, lo que consideran un reconocimiento a prácticas irregulares en la gestión de la Generalitat. La convocatoria al boicot pone en primer plano la posibilidad de que la aprobación de un modelo con carácter permanente quede aplazada hasta que exista un marco de negociación más amplio entre todas las comunidades.
