La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha emitido un auto en el que precisa el alcance de las penas de inhabilitación dictadas en una causa relacionada con contrataciones en la Diputación provincial. La aclaración, a la que ha tenido acceso esta redacción, establece que David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo quedarán privados del derecho a ocupar puestos electivos o de designación discrecional en cualquier administración pública durante los periodos fijados en la sentencia: 9 años para Sánchez y 18 meses para Gallardo.
Alcance de la inhabilitación
El auto pone de manifiesto que las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público comportan, además, la pérdida definitiva de los empleos o cargos que los condenados desempeñaban en las fechas de comisión de los hechos, aunque ninguno de los dos mantiene ya aquellos puestos. La resolución subraya, asimismo, que durante el tiempo de las condenas existe «la incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier administración pública».
«la incapacidad para obtener otros puestos electivos y/o discrecionales en cualquier administración pública»
Aun así, el auto aclara que esa privación de empleo o cargo no equivale a la pérdida del carácter de funcionario o empleado público que, previamente, pudieran ostentar los condenados.
Otras personas afectadas
Además de Sánchez y Gallardo, la Audiencia confirmó penas de inhabilitación por un periodo de nueve años para otras nueve personas vinculadas con la Diputación de Badajoz. Entre ellas figura el diputado provincial de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional y edil del Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, así como un exdiputado provincial de Cultura cuyo nombre figura en la resolución.
- David Sánchez: condenado y 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con contrataciones en la Diputación (2017).
- Miguel Ángel Gallardo: condenado a 18 meses por dos delitos vinculados a la incorporación de personas en la Diputación.
- Nueve personas más: 9 años de inhabilitación cada una, todas con relación a la misma causa.
Implicaciones prácticas para la gobernanza local
Para la administración local y provincial, las consecuencias inmediatas son administrativas y políticas. Las penas impuestas impiden a los afectados optar por cargos de elección popular o de libre designación durante los plazos señalados, lo que condiciona la disponibilidad de determinadas personas para ocupar puestos relevantes en órganos de gobierno o en estructuras de la administración pública. La medida supone, además, la pérdida de los empleos o cargos que los condenados ejercían en el momento de los hechos investigados.
En el auto se detalla que, pese a la pérdida de acceso a cargos electivos o discrecionales, no se extiende a la pérdida del estatuto de funcionario o empleado público previamente ostentado. Esa precisión puede tener relevancia práctica en procesos administrativos y en el cómputo de derechos laborales y retributivos vigentes antes de la condena.
| Persona | Condena principal | Periodo de inhabilitación |
|---|---|---|
| David Sánchez | Delito de prevaricación (contratación en 2017) | 9 años |
| Miguel A. Gallardo | Dos delitos relacionados con incorporaciones en Diputación | 18 meses |
| Otras nueve personas | Vinculadas a la misma causa | 9 años (cada una) |
La resolución aclaratoria llega tras el fallo emitido en julio y responde a las peticiones de aclaración y complemento presentadas por las partes en el procedimiento. La decisión de la Audiencia contribuye a fijar con precisión los efectos de la sentencia sobre la vida pública y administrativa en la provincia.
En el ámbito político local, esta definición judicial puede repercutir en la distribución de responsabilidades y en la configuración de equipos de gobierno en instituciones provinciales y municipales, al tiempo que plantea interrogantes sobre relevo y sustituciones en los cargos afectados por las inhabilitaciones.
La repercusión mediática de la causa, por la implicación de cargos relevantes y la presencia en el procedimiento de personas vinculadas a la Diputación de Badajoz, mantiene la atención sobre el proceso y sobre las consecuencias legales y administrativas que de él se derivan.
