El presidente José Antonio Kast afirmó este lunes que su Gobierno no pretende suprimir los derechos de salud de las personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, tras la filtración de un borrador de reforma constitucional que generó críticas dentro y fuera de la coalición oficialista.
En una entrevista en Radio Duna, el mandatario defendió que el objetivo del proyecto es endurecer las penas para los delitos de mayor gravedad, pero negó que la iniciativa busque eliminar prestaciones públicas vinculadas a derechos sociales. El texto definitivo de la reforma, anunciada por el Ejecutivo, debe hacerse público este martes a las 16.00 horas.
«Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan penas duras»
El borrador que encendió la polémica
La controversia se desató por la filtración de un borrador que incorporaba un nuevo artículo, el 9° bis, y que proponía que quienes resultaran condenados por los delitos citados quedaran inhabilitados para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales vinculadas a:
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Libertad de trabajo
- Seguridad social
Según ese borrador, la suspensión de beneficios se aplicaría durante el tiempo de cumplimiento de la pena y se extendería por 15 años una vez finalizada. Además, la norma propuesta incluía que quienes ya percibieran alguno de esos beneficios en el momento de la condena «las perderán de pleno derecho»; y aludía a que la restricción abarcaría también las medidas alternativas a la privación de libertad y la libertad condicional.
Reacciones en el oficialismo y en la oposición
La filtración provocó rechazo no solo desde la oposición, sino también en sectores del propio bloque gubernamental. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, manifestó en declaraciones a La Tercera que, en las condiciones planteadas, su formación no podía respaldar reformas de seguridad que, a su juicio, dañarían la institucionalidad.
Al rechazo de la UDI se sumó la postura de Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), que también descartó respaldar la iniciativa en los términos difundidos.
Contexto: la agenda de seguridad del Gobierno
La propuesta forma parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), el paquete de medidas de seguridad que el presidente Kast ha convertido en uno de los ejes de su gestión después de impulsar una amplia reforma económica. El Ejecutivo sostiene que las propuestas buscan reforzar la respuesta penal frente a delitos de alta gravedad, aunque la filtración del borrador ha supuesto un foco de tensión política antes de la presentación oficial del texto.
| Elemento | Contenido del borrador filtrado |
|---|---|
| Artículo propuesto | 9° bis |
| Ámbitos afectados | Salud, educación, trabajo, seguridad social |
| Duración de la inhabilitación | Durante la pena y 15 años tras su cumplimiento |
El Ejecutivo anunció la presentación del texto definitivo para este martes. Hasta entonces, la discusión pública se concentra en el alcance de las medidas y en las objeciones de actores políticos preocupados por el respeto a los derechos fundamentales y por las implicaciones institucionales de una reforma de estas características.
La confirmación de Kast, en la mañana del lunes, pretende atajar la interpretación más extrema del borrador y recalcar un equilibrio entre la exigencia de penas más duras y la preservación del respeto a los derechos humanos, aunque persisten las dudas y la expectación sobre el contenido final que será entregado oficialmente.
