La Junta de Extremadura ha reiterado su rechazo a recibir más menores migrantes no acompañados (MENAs) y ha anunciado que empleará «todas las armas» políticas, administrativas y judiciales para evitar nuevas incorporaciones a los centros de la comunidad. Así lo ha afirmado el vicepresidente regional y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en una entrevista difundida por la Cadena Cope y recogida por Europa Press.
Crítica al Gobierno central y acusación de «estafa»
Fernández Calle ha acusado al Ejecutivo central de desplegar una política que, a su juicio, consiste en «repartir el problema» y diluir responsabilidades entre las administraciones autonómicas. Ha calificado de «tremenda estafa» la política impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de recepción de MENAs y asegura que la modificación normativa realizada por el Ejecutivo ha facilitado esa transferencia de competencias y cargas a las comunidades.
«No seremos partícipes de ninguna manera de esta tremenda estafa»
El vicepresidente ha explicado que Extremadura mantendrá una postura de oposición «por tierra, mar y aire» a la llegada de lo que ha denominado «teóricos menores», y ha anunciado que el Gobierno autonómico hará uso de todos los instrumentos a su disposición para impedir nuevas incorporaciones.
Argumentos sobre la edad y medidas previstas
Entre los argumentos esgrimidos por Fernández Calle figura la sospecha de que una proporción significativa de los atendidos en los centros de la comunidad no serían en realidad menores de edad. Ha afirmado que si se practicaran pruebas de edad a todos los chicos acogidos «la opinión pública extremeña se llevaría las manos a la cabeza», porque, según su convicción, «un porcentaje altísimo» resultaría ser mayor de edad.
En la entrevista, el vicepresidente detalló que la Junta empleará recursos de distinto signo para hacer valer su posición. Enumeró medidas de tipo:
- Políticas: rechazo formal a la recepción y posicionamiento institucional.
- Administrativas: utilización de procedimientos y protocolos autonómicos para limitar acogidas.
- Judiciales: presentación de recursos ante los tribunales si se considera vulnerada la autonomía o competencias de la comunidad.
Choque con la jurisprudencia sobre el interés del menor
Fernández Calle se mostró consciente de la existencia de pronunciamientos del Tribunal Supremo que otorgan primacía al interés superior del menor frente a consideraciones logísticas o de distribución competencial. No obstante, defendió que la «mejor solución» que propugna la Junta pasa por la devolución de estos menores cuando sea posible y por impedir que su acogida se convierta en una externalización del problema por parte del Gobierno central.
La postura de Extremadura se inscribe en un contexto de tensión entre comunidades autónomas y el Ejecutivo por la gestión de flujos migratorios y la protección de menores no acompañados. Diferentes gobiernos regionales han adoptado posiciones encontradas sobre la distribución de recursos y responsabilidades, y algunas autonomías ya han recurrido a la vía judicial en disputas similares.
Impacto político y próximos pasos
El anuncio de la Junta podría traducirse en recursos contencioso-administrativos contra actuaciones del Gobierno central o en solicitudes de aclaración competencial ante instancias administrativas. Además, el discurso político podrá condicionar la negociación entre administraciones sobre plazas, financiación y protocolos de identificación de edad.
En el plano social, la resistencia de la comunidad autónoma a acoger a más menores plantea interrogantes sobre la capacidad de coordinación estatal y autonómica para garantizar la protección de los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad, así como sobre el impacto que dichas políticas tendrán en la percepción pública y en la distribución de recursos entre territorios.
| Actuación anunciada | Objetivo |
|---|---|
| Acciones políticas | Rechazo formal y presión pública |
| Medidas administrativas | Limitar acogidas y controles en centros |
| Recursos judiciales | Impugnar decisiones del Gobierno central |
La apuesta de la Junta de Extremadura por no recibir más MENAs y su anuncio de acudir a la vía judicial añaden un nuevo capítulo al debate nacional sobre la inmigración y la protección de menores, que continuará en los próximos meses con episodios de negociación y posibles enfrentamientos entre administraciones.
