La Justicia y las fuerzas de seguridad mantienen la búsqueda de una mujer cuyo ejercicio fraudulento como médica ha sido investigado en distintos puntos de Galicia, entre ellos la provincia de Lugo. Según las diligencias y la cobertura informativa sobre el caso, la acusada —identificada por medios y documentos judiciales como Andrea Sánchez Antelo— llegó a presentarse como facultativa sin poseer el título oficial de Medicina y utilizó documentación aparentemente falsificada para acreditar una formación inexistente.
Ámbitos y lugares donde habría ejercido
Las pesquisas apuntan a que la falsa médica desempeñó labores sanitarias en distintos entornos: residencias de mayores, una mutua en A Coruña y entidades de carácter asistencial. En la provincia de Lugo, la investigación recoge que trabajó durante varios días en una residencia de personas mayores en Outeiro de Rei, hasta que su situación despertó sospechas al solicitarse la acreditación de la titulación y su inscripción profesional.
- Outeiro de Rei (Lugo): trabajó varios días en una residencia de mayores; surgieron dudas al pedir la acreditación.
- A Coruña: investigada por ejercer en una mutua sanitaria.
- Carballo: en 2022 fue localizada en esta localidad, donde supuestamente había cambiado de domicilio en varias ocasiones.
La investigación incluye además averiguaciones sobre la procedencia de los documentos presentados por la investigada. Entre las afirmaciones que ella habría hecho figura la de haber estudiado Medicina en la Universidade de Santiago de Compostela, extremo que esta universidad desmintió tras comprobar que nunca estuvo matriculada en sus listados.
«Llegó a hacerse pasar durante años por facultativa sin disponer del título oficial de Medicina»,
La gravedad del caso se intensifica porque, según las diligencias y la información publicada, la actividad de esta persona no se limitó a presentarse como profesional: llegó a expedir recetas, emplear sellos falsos y administrar al menos un tratamiento inyectable. Estas circunstancias motivaron investigaciones penales por presuntos delitos de intrusismo profesional y falsedad documental.
Estado procesal y búsqueda
Las autoridades han reabierto el interés mediático y policial sobre el asunto tras producirse la incomparecencia de la acusada a un juicio en Lugo. Esa ausencia en sede judicial motivó la emisión de medidas de búsqueda, con la consiguiente declaración de paradero desconocido. Los detalles procesales que constan en las informaciones señalan la existencia de causas en distintas jurisdicciones y actuaciones previas que abarcan desde Galicia central hasta la costa coruñesa.
| Hecho | Descripción |
|---|---|
| Identidad | Identificada en informaciones y documentos judiciales como Andrea Sánchez Antelo |
| Ámbitos de ejercicio | Residencias de mayores, mutua, actuación en Cruz Roja (según cobertura informativa) |
| Actos denunciados | Expedición de recetas, uso de sellos falsos, administración de un tratamiento inyectable |
| Situación actual | En paradero desconocido tras no presentarse a un juicio en Lugo |
La difusión del caso ha reavivado también el debate sobre los mecanismos de verificación en centros asistenciales y sociedades sanitarias, así como sobre la necesidad de controles más exhaustivos para evitar el acceso de personas sin la formación exigida a puestos con responsabilidad clínica. En residencias de mayores y entidades que prestan servicios sanitarios, la presencia de personal no acreditado plantea riesgos directos para la salud de usuarios y pacientes.
Las autoridades competentes continúan con las pesquisas y con las actuaciones judiciales correspondientes. La universidad implicada en la comprobación del supuesto expediente académico negó que la persona investigada hubiera estado matriculada, y las causas abiertas reflejan presuntas conductas delictivas que se enmarcan en intrusismo profesional y falsedad documental.
El caso, además de su repercusión penal, ha generado llamadas de atención entre gestores de centros asistenciales y profesionales sanitarios en Lugo y el resto de Galicia para reforzar protocolos de verificación documental y de credenciales antes de incorporar a trabajadores que ejercerán funciones con pacientes vulnerables.
