La Junta de Andalucía y dirigentes del Partido Popular han impulsado una ofensiva política para instar al Gobierno central a reactivar la unidad especializada de la Guardia Civil conocida como OCON-Sur, recientemente desactivada, ante lo que califican de una preocupante escalada de inseguridad por el narcotráfico en el litoral y parte del interior andaluz.
Demandas por más medios y reproches cruzados
El presidente de la Junta, que remitió una carta al presidente del Gobierno pidiendo más recursos materiales y humanos, ha situado la recuperación de OCON-Sur como una medida prioritaria para afrontar la presencia de narcolanchas y los episodios de violencia que han aparecido en semanas recientes. En la defensa pública de esa iniciativa, cargos autonómicos y del PP han subrayado la necesidad de reforzar la respuesta operativa frente a los grupos dedicados al tráfico de drogas.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio defendió que la unidad «nunca debió ser desmantelada» y reclamó su reactivación «cuanto antes» para proporcionar «respuesta y medios» a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a combatir el narcotráfico en la comunidad.
«nunca debió ser desmantelada»
Enfrente, el delegado del Gobierno en Andalucía ha reprochado a la Junta lo que describió como un desconocimiento y menosprecio del trabajo operativo que realizan Policía Nacional y Guardia Civil. En un comunicado defendió la eficacia de las actuaciones de ambos cuerpos y justificó la reestructuración de OCON-Sur como parte de decisiones operativas adoptadas para mejorar la respuesta contra el narcotráfico.
Contexto operativo y política
El debate se produce en un contexto de creciente visibilidad pública de los delitos relacionados con el transporte marítimo de drogas y enfrentamientos vinculados a estas redes. A juicio de la Junta y del PP, la dispersión de los hechos a lo largo de la costa y la ocupación de zonas interiores por parte de los grupos criminales hacen necesario un replanteamiento inmediato de los medios disponibles.
Desde la administración autonómica se subraya que ya no se trata de episodios localizados en comarcas concretas, sino de una amenaza que afecta a amplias zonas del litoral y del interior, con imágenes de narcolanchas operando a plena luz del día y refugiándose en cauces fluviales como el del Guadalquivir.
Reacciones y alcance europeo
La cuestión ha trascendido el ámbito regional y ha llegado al Parlamento Europeo. Según comunicados del Partido Popular Europeo, la reclamación sobre OCON-Sur ha sido elevada a instancias comunitarias, lo que sitúa la polémica en un plano europeo y refuerza la presión política sobre el Ejecutivo central.
En el intercambio de reproches, el delegado del Gobierno ha insistido en que las decisiones sobre la estructura operativa responden a criterios de eficacia policial, y ha advertido contra interpretaciones que, en su opinión, deslegitiman la labor de las fuerzas de seguridad.
Implicaciones y próximos pasos
La petición de reactivar OCON-Sur plantea varias cuestiones pendientes de dilucidar: la naturaleza exacta de la reestructuración que llevó a su desactivación, los recursos adicionales concretos que solicita la Junta, y si el Gobierno central atenderá la demanda a corto plazo o mantendrá su planteamiento sobre reorganización operativa. El cruce de comunicados y la elevación del asunto a instancias europeas auguran un debate político intenso en las próximas semanas.
Mientras tanto, la ciudadanía en las zonas afectadas continúa observando con preocupación la presencia de bandas vinculadas al narcotráfico y espera medidas que refuercen la seguridad y coordinen los esfuerzos entre administraciones.
| Actor | Posición |
|---|---|
| Junta de Andalucía | Solicita reactivación inmediata de OCON-Sur y más medios |
| Partido Popular | Apoya la petición y eleva el asunto al Parlamento Europeo |
| Delegado del Gobierno en Andalucía | Defiende la eficacia de Policía y Guardia Civil y apoya reestructuración |
- Reclamación: reactivación de OCON-Sur.
- Argumento de la Junta/PP: aumento de inseguridad por narcotráfico.
- Respuesta del Gobierno: defensa de decisiones operativas y eficacia policial.
