El Gobierno boliviano ha puesto en marcha la redacción de un nuevo Código Minero que busca redefinir el marco legal de la actividad extractiva, un proceso que, según representantes indígenas y organizaciones ambientalistas, se está desarrollando sin la participación de las comunidades originarias más afectadas.
Reclamos por falta de consulta
Dirigentes comunitarios y defensores del medio ambiente han denunciado que no fueron convocados a las mesas iniciales de la llamada Cumbre Nacional Minera, pese a que numerosas explotaciones se sitúan en territorios indígenas, cuencas fluviales y zonas protegidas. Estas organizaciones alertan de los impactos ambientales y sanitarios derivados de actividades auríferas, especialmente el uso indiscriminado de mercurio, que estaría contaminando ríos de la Amazonía y poniendo en riesgo tanto a la población local como a la biodiversidad.
El Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, defiende que el nuevo texto legal incorporará criterios ambientales y mecanismos para combatir la minería ilegal y promover prácticas más limpias. No obstante, la propuesta aún no ha logrado cohesionar el apoyo de los gremios de cooperativistas, que permanecen divididos sobre el contenido y las implicaciones del proyecto.
Un proceso con calendario y dudas
Los trabajos para la elaboración del nuevo marco normativo comenzaron en diciembre de 2025 y la inauguración formal de la cumbre tuvo lugar el 22 de julio de 2026. El texto final del Código deberá someterse posteriormente al Parlamento para su votación y aprobación.
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Inicio de los trabajos | diciembre de 2025 |
| Inauguración formal | 22 de julio de 2026 |
| Próxima etapa | Trámite parlamentario |
Impactos ambientales y sociales
Las comunidades denunciantes señalan daños directos en ecosistemas y recursos hídricos por descargas de mercurio procedentes de la extracción aurífera. El mercurio es un contaminante de larga persistencia que bioacumula en cadenas tróficas acuáticas, con consecuencias para la salud humana y la fauna. A partir de las informaciones de las organizaciones locales y grupos indígenas, la contaminación fluvial representa un riesgo para la subsistencia de poblaciones ribereñas y para la integridad de áreas protegidas afectadas por la minería.
Además de la dimensión ambiental, la discusión sobre el Código Minero tiene una notable carga social y territorial: la delimitación de concesiones, la protección de tierras indígenas y la formalización —o persecución— de actividades mineras informales son puntos de fricción entre el Ejecutivo, cooperativistas y comunidades originarias.
- Exclusión de representantes indígenas de las mesas iniciales de negociación.
- Denuncias de contaminación por mercurio en ríos amazónicos.
- División entre gremios de cooperativistas sobre el respaldo al proyecto.
El éxito o el fracaso del Código Minero dependerá, según analistas y actores locales, de la capacidad del Gobierno para integrar de forma efectiva las demandas de las comunidades afectadas y de establecer mecanismos de control sobre la minería ilegal. En ausencia de garantías de participación y de medidas concretas para proteger cuencas y áreas protegidas, persiste el riesgo de que la normativa consolide modelos de explotación que profundicen los conflictos territoriales y ambientales.
La iniciativa pone sobre la mesa la tensión clásica entre el impulso al sector extractivo, clave para economías regionales, y la necesidad de proteger derechos colectivos y el medio natural. El siguiente paso formal será la presentación del texto final al Parlamento, donde se decidirá su aprobación y su alcance normativo.
