El Gobierno central ha incluido a A Coruña entre los municipios que recibirán financiación para incrementar la oferta de vivienda asequible en zonas declaradas de mercado residencial tensionado. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció un borrador de real decreto que dedicará un total de 90 millones de euros a los municipios afectados en toda España, de los que 5,1 millones corresponderían, por ahora, a A Coruña y a Santiago de Compostela.
Contexto y destino de los fondos
La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado se produjo en julio de 2025 por iniciativa del Ayuntamiento y supuso la congelación de los alquileres. Santiago fue incluida posteriormente en 2026. Según las cifras del Ministerio, en las dos áreas tensionadas residen 352.119 personas, lo que implicaría, con la asignación provisional, una media de 14,5 euros por habitante si se distribuyese el importe en función de la población afectada.
Las ayudas impulsadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana deberán transferirse a la Xunta, que será la encargada de ejecutar los planes específicos en las zonas gallegas, y podrán destinarse, entre otras actuaciones, a:
- Promover y construir vivienda pública.
- Rehabilitar inmuebles para destinarlos a alquiler asequible.
- Adquirir suelos municipales o privados para edificar en ellos.
- Desarrollar y urbanizar solares.
- Comprar directamente vivienda por parte de las administraciones públicas.
Trámite y calendario
El texto es, por ahora, un borrador sometido a audiencia e información pública; posteriormente deberá incorporarse al orden del día y aprobarse en el Consejo de Ministros con las modificaciones que resulten del trámite. Fuentes del Ejecutivo han precisado que las comunidades autónomas recibirán el dinero en un plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del real decreto.
«Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones»
La ministra empleó esta expresión al explicar que la declaración conlleva medidas de control de precios —como la congelación del alquiler— y, al mismo tiempo, la obligación de movilizar recursos para aumentar el parque de vivienda de alquiler a precios asequibles.
Limitaciones y contraste con costes locales
El propio Gobierno admite que la cuantía destinada a A Coruña y Santiago no es elevada si se compara con los costes de promover vivienda pública. Como ejemplo local, el Ayuntamiento de A Coruña está construyendo un edificio de 50 viviendas sociales en Xuxán cuyo presupuesto asciende a 10,2 millones de euros, cifra superior a la asignación provisional conjunta que ahora anuncia el Estado para las dos ciudades.
Hasta que finalice el trámite de audiencia pública no se concretará cuánto corresponderá exactamente a A Coruña y cuánto a Santiago. Fuentes gubernamentales señalan que la distribución final tendrá en cuenta, además de la población residente en las zonas tensionadas, el porcentaje de hogares en situación de sobreesfuerzo en el pago del alquiler.
Repercusiones locales
Para A Coruña, la llegada de fondos estatales supone una oportunidad para reforzar iniciativas municipales y autonómicas orientadas a frenar la escalada de precios de alquiler y ampliar la oferta protegida, aunque la magnitud de la ayuda obliga a plantear colaboraciones con otras administraciones y a priorizar proyectos con mayor impacto social. El traspaso de recursos a la Xunta marca, además, la necesidad de coordinación entre ayuntamiento y comunidad para definir qué actuaciones se desarrollarán y en qué plazos.
En los próximos meses serán decisivos el resultado del trámite de audiencia, la aprobación en Consejo de Ministros y la publicación del real decreto, momentos en los que se precisará el reparto definitivo y las condiciones de ejecución de los fondos.
