En menos de un mes desde la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, las fuerzas militares realizaron tres bombardeos contra estructuras armadas en diferentes regiones del país, uno de ellos en Norte de Santander. El balance oficial establece 26 combatientes muertos, tres capturados y dos personas rescatadas.
Qué ocurrió en Norte de Santander
La primera intervención aérea se efectuó el 9 de agosto, apenas dos días después de la toma de posesión presidencial, y tuvo como blanco a una estructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio nortesantandereano. Esa operación dejó como resultado la muerte de ocho integrantes de esa organización, según el informe divulgado por fuentes oficiales.
Las otras acciones y cifras
Las restantes operaciones se concentraron en el departamento de Guaviare. El 27 de agosto el Comando de Operaciones Especiales reportó un ataque contra tres campamentos del Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de las Farc vinculada a alias Calarcá. Ese golpe dejó 10 combatientes abatidos, aunque posteriormente Medicina Legal confirmó que tres de las víctimas eran menores de edad.
Un tercer bombardeo, también en Guaviare, fue dirigido contra el Frente Carolina Ramírez, asociado a las disidencias de ‘Iván Mordisco’. En esa acción se atribuyen ocho bajas, además de las tres capturas y los dos rescates incluidos en el cómputo nacional.
| Fecha | Departamento | Objetivo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 9 de agosto | Norte de Santander | ELN | 8 muertos |
| 27 de agosto | Guaviare (El Retorno) | Bloque Jorge Suárez Briceño (disidencias) | 10 muertos (3 menores confirmados) |
| Fecha reciente | Guaviare | Frente Carolina Ramírez (disidencias) | 8 muertos, 3 capturados, 2 rescatados |
La promesa del gobierno y la respuesta institucional
El presidente de la República ha planteado que espera que en los primeros 100 días de su mandato se desarrollen aproximadamente 12 bombardeos focalizados contra las estructuras señaladas como prioritarias: disidencias afines a Calarcá, a Mordisco y al ELN. Esa directriz busca romper las redes que operan en corredores ilícitos, pero activa alertas por posibles consecuencias humanitarias y por la presencia de menores en los grupos armados.
La Defensoría del Pueblo ha mantenido seguimiento a la consolidación y el comportamiento de estos grupos en varias regiones, entre ellas el Catatumbo —donde el ELN ha tenido mayor presencia— y las zonas selváticas como Guaviare, Caquetá y Amazonas, donde actúan las disidencias que disputan rutas y controles territoriales.
- Impacto local: en Norte de Santander la presencia del ELN genera tensiones con otras estructuras y riesgos para la población civil.
- Preocupación por menores: la confirmación de víctimas menores obliga a revisar protocolos de inteligencia y de verificación previa a las acciones.
- Foco en corredores ilícitos: las operaciones están orientadas a desarticular economías ilegales que financian a los grupos.
Implicaciones para la frontera y la población
Para la región fronteriza con Venezuela, donde convergen flujos humanitarios y económicos informales, las operaciones militares generan incertidumbre adicional. Además de la respuesta militar, especialistas en derechos humanos suelen insistir en la necesidad de medidas paralelas: protección de comunidades afectadas, atención a desplazados y programas de prevención del reclutamiento de menores.
En Norte de Santander, autoridades locales y organismos de control deberán monitorear cualquier repercusión sobre la seguridad urbana y rural, además de coordinar con entidades nacionales para garantizar la integridad de familias que pueden quedar en zonas de riesgo. La confirmación de menores entre las víctimas en Guaviare destaca la urgencia de esos mecanismos.
Las acciones anunciadas y las que ya se han ejecutado marcan una escalada operativa en el corto plazo. Para la población del Catatumbo y los municipios fronterizos, esto significa un ambiente de mayor vigilancia y la expectativa de nuevas operaciones en las semanas próximas.
