Decisión judicial afecta disciplina administrativa en la gestión del espacio público
En una decisión que puede repercutir en la forma como la administración local responde a solicitudes ciudadanas sobre el uso del espacio público, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena dejó sin efecto la multa impuesta al titular de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad por un caso ocurrido en el barrio Torices.
La sanción, impuesta en primera instancia por el Juzgado Civil Municipal de Cartagena, equivalía a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Había sido aplicada por presunta negligencia en el cumplimiento de una orden judicial relacionada con un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la carrera 17 con calle 41 esquina, en el sector de Paseo Bolívar, donde la actividad comercial se desarrollaba en el antejardín del inmueble.
Origen del conflicto
El conflicto comenzó con un derecho de petición presentado el 10 de abril de 2026 por una ciudadana que solicitó el reconocimiento del principio de confianza legítima para autorizar la continuidad de la actividad comercial en el lugar. Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esa área está considerada como afectada al espacio público, lo que motivó la atención de la Gerencia.
Al considerar que la respuesta de la entidad no había cumplido con la orden judicial, la peticionaria promovió un incidente de desacato. En primera instancia, el juez valoró que hubo negligencia y aplicó la multa.
Revisión en segunda instancia y fundamentos
Tras revisar el trámite dentro del grado de consulta, el Juzgado Primero Civil del Circuito concluyó que la Gerencia de Espacio Público sí atendió la petición de manera clara y de fondo, por lo cual decidió revocar la sanción. La decisión pone el acento en la evaluación del procedimiento seguido por la entidad frente a los requerimientos judiciales y administrativos, y en la necesidad de valorar la actuación de las oficinas de la Alcaldía cuando se vinculan distintos derechos e intereses públicos.
La revocatoria se adoptó tras verificar que la respuesta de la Gerencia atendió, en fondo, la petición presentada por la ciudadana.
Implicaciones para la administración local y los comerciantes
El fallo impacta en dos frentes: por un lado, protege a un funcionario de una sanción que, de mantenerse, representaba una carga económica y disciplinaria significativa; por otro, deja en evidencia la tensión entre la regulación del espacio público y las actividades informales o semiformales que buscan subsistencia en sectores como Torices.
Cartagena, ciudad conocida por su atractivo turístico, convive con realidades urbanas menos visibles: comerciantes que dependen del espacio frente a sus locales, vecinos que reclaman orden y autoridades que deben aplicar el POT sin desconocer derechos adquiridos o expectativas de los ciudadanos. Este caso ejemplifica esa tensión y la complejidad de decidir en escenarios donde confluyen normas urbanísticas, derechos de propiedad y necesidades económicas.
Datos clave del caso
| Evento | Detalle |
|---|---|
| Petición inicial | 10 de abril de 2026 — solicitud para autorizar continuidad de actividad comercial |
| Ubicación | Paseo Bolívar, carrera 17 con calle 41 esquina — barrio Torices |
| Sanción impuesta | 10 SMLMV (impuesta por Juzgado Civil Municipal) |
| Revisión | Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena — revocatoria de la multa |
- La decisión subraya la necesidad de documentación y respuestas claras por parte de las entidades cuando se tramitan permisos o regularizaciones.
- Abre una discusión sobre cómo armonizar el POT con realidades económicas locales y el principio de confianza legítima.
- Refuerza la importancia de mecanismos administrativos y judiciales que protejan tanto al ciudadano como al funcionario público cuando la actuación es conforme a la ley.
La resolución judicial reitera que, más allá del aspecto sancionatorio, la administración municipal enfrenta el reto de diseñar respuestas eficientes y transparentes que permitan dirimir conflictos de uso del espacio público sin agravar la vulnerabilidad de quienes sostienen pequeños negocios. En una ciudad que muestra contrastes tan marcados entre el sector turístico y los barrios populares, estas decisiones tienen consecuencias materiales sobre el día a día de los cartageneros.
