El Valle del Cauca vive un nuevo capítulo de intimidaciones y demandas económicas: en 2026 el Departamento de Policía del Valle del Cauca registró 612 denuncias por extorsión, según cifras citadas por El País. Aunque la cifra muestra una reducción del 6% frente al mismo periodo de 2025, la forma como llegan las amenazas —vía llamadas, WhatsApp y redes sociales— preocupa a comerciantes, empleados y ciudadanos de varios municipios.
Modalidades y zonas más afectadas
Las autoridades han identificado que las extorsiones se ejecutan por distintos canales y que la modalidad digital concentra buena parte de los casos. De acuerdo con los datos citados:
- 370 denuncias corresponden a extorsiones por llamadas telefónicas.
- 77 casos fueron realizados de manera directa.
- 77 denuncias se iniciaron a través de redes sociales.
Los municipios con más reportes incluyen a Palmira, Buenaventura y Tuluá, y se han señalado también episodios en localidades del norte y centro del departamento como La Unión, Zarzal, La Victoria y Roldanillo.
Origen de las comunicaciones y organizaciones delincuenciales
El mayor Fabián Triana, comandante del GAULA Valle del Cauca, explicó que algunas de las llamadas y mensajes provienen de establecimientos penitenciarios ubicados fuera del departamento, entre ellos Cómbita (Boyacá), Picaleña (Ibagué) y La Dorada (Caldas). Según el oficial, quienes ejecutan estas extorsiones recopilan información previa sobre las posibles víctimas antes de establecer contacto.
“Normalmente la cárcel es como una universidad para estos criminales que están privados de la libertad”
Además del origen desde centros carcelarios, las investigaciones han permitido la captura de más de 80 personas y la desarticulación de dos estructuras dedicadas a esta actividad ilícita, añadieron las autoridades.
Impacto económico y riesgos para la población
En los relatos recogidos por el medio consultado se describe cómo comerciantes y emprendedores han recibido exigencias económicas por montos que, en algunos casos, alcanzan hasta $50.000.000. La presión y el miedo generan efectos en la actividad comercial local, que ve afectadas sus operaciones y niveles de inversión.
Un testimonio reservado citado por el mismo medio da cuenta de la gravedad de las consecuencias: el caso de una persona que, al negarse a pagar una extorsión, habría perdido la vida según la información que recibió de los propietarios del lugar donde trabajaba. La Fiscalía y la Policía investigan hechos de violencia vinculados a estas situaciones.
Prevención y recomendaciones prácticas
Frente al fenómeno, las autoridades recomiendan medidas básicas de prevención para ciudadanos y comerciantes:
- Verificar y bloquear llamadas o números sospechosos; no compartir información personal en redes públicas.
- Reportar inmediatamente al GAULA o a la línea 165 de la Policía cualquier intento de extorsión.
- Evitar pagar o acceder a exigencias económicas; conservar pruebas (capturas de pantalla, audios, registros de llamadas).
- Denunciar ante Fiscalía los hechos y seguir las indicaciones de seguridad que brinde la autoridad.
Las autoridades insisten en la importancia de registrar formalmente las amenazas para que la investigación avance y se actúe contra las redes responsables.
Contexto regional y desafíos
La presencia de extorsión digital y tradicional en municipios del Valle del Cauca refleja una tendencia en la que las técnicas delictivas se adaptan a las herramientas tecnológicas disponibles. Los investigadores señalan que la recopilación previa de información —a veces obtenida por métodos ilícitos— facilita la efectividad de las amenazas y aumenta la sensación de riesgo entre las víctimas.
Si bien la reducción porcentual en denuncias frente a 2025 puede interpretarse como un avance, la persistencia de casos en zonas urbanas y rurales obliga a mantener acciones coordinadas entre Policía, Fiscalía, alcaldías y gremios para ofrecer rutas de atención y protección.
En Cali y en la región pacífica, comerciantes y ciudadanos observan con atención la respuesta estatal; la combinación de operación policial, inteligencia penitenciaria y campañas de prevención serán claves para mitigar un delito que, más allá del daño económico, erosiona la sensación de seguridad y la convivencia en las comunidades.
