Las playas de Santa Marta, escenario habitual de descanso para residentes y visitantes, se convirtieron esta semana en el epicentro de una controversia política nacional. Fotografías y videos que, según reportes, ubicarían al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en espacios de recreo de la ciudad durante el puente festivo encendieron críticas y llevaron a que el funcionario fuera citado a la plenaria de la Cámara de Representantes.
Convocatoria y moción de censura
La sesión en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional quedó programada para este martes a las 2:00 p. m., donde Beltrán deberá responder por su actuación en los primeros días de la emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. El representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció en un video publicado en su cuenta de X que presentará una moción de censura con el fin de evaluar si el ministro cumplió con sus responsabilidades en la atención de las comunidades afectadas.
"Presentaremos moción de censura este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán", dijo Alejandro Toro en el video.
La difusión del material audiovisual comenzó el domingo y, según el informe periodístico citado, una persona del equipo del ministro habría confirmado la presencia de Beltrán en Santa Marta. El hecho ocurre mientras el país mantiene una emergencia humanitaria por el sismo y los daños reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) siguen en aumento.
Balance de la emergencia
Con corte al domingo a las 6:30 p. m., la UNGRD publicó cifras que ilustran la magnitud del desastre y el reto que enfrentan las autoridades nacionales y locales para atender a los afectados. El telegrama oficial reportó destrucción y pérdidas materiales y humanas que obligan a priorizar recursos y coordinación institucional.
| Indicador | Cifra |
|---|---|
| Viviendas destruidas | 26.392 |
| Viviendas averiadas | 127.608 |
| Personas fallecidas | 289 |
| Heridos | 4.187 |
| Desaparecidos | 143 |
Repercusiones locales y nacionales
En Santa Marta y en otras ciudades del Caribe se viven tensiones entre la percepción pública sobre la presencia de autoridades y la exigencia de una respuesta eficiente ante las consecuencias del sismo. Para los habitantes de la ciudad, que conocen bien la fragilidad de infraestructuras costeras y rurales frente a eventos naturales, la discusión no es sólo política: es la comprobación de si las instituciones priorizan la atención a las familias damnificadas.
La cifra de más de 154.000 viviendas con algún grado de daño —la suma de las casas destruidas y averiadas reportadas por la UNGRD— exige logística, recursos y atención técnica inmediata. En ese contexto, la agenda del ministro de Vivienda aparece ahora sometida a escrutinio público y parlamentario.
- La moción de censura busca determinar si Beltrán incumplió deberes ministeriales durante la emergencia.
- La UNGRD reportó impacto en 15 departamentos y 472 municipios, con más de 120.000 familias afectadas.
- El debate en el Congreso puede retrasar decisiones administrativas clave para la reconstrucción.
Para Santa Marta, el episodio añade presión sobre las autoridades locales y regionales para mostrar gestión y transparencia en la ayuda a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, la población afectada espera que las respuestas se traduzcan en albergues, ayudas y programas de reparación que no queden en el terreno de la discusión política.
La sesión de la Cámara será un momento definitorio: servirá para esclarecer circunstancias alrededor de la presencia del ministro en la ciudad durante el puente y, al mismo tiempo, evaluará si las acciones del Gobierno central en vivienda y reconstrucción responden con celeridad a la emergencia que aún golpea a miles de familias en todo el país.
Desde la costa Caribe, la mirada ciudadana combina la belleza del paisaje con la exigencia de gestión pública eficaz: playas y el mar ofrecen respiro, pero la prioridad sigue siendo la atención y recuperación de quienes perdieron sus hogares.
