En el Magdalena y otras regiones del país se conoció la judicialización de dos personas vinculadas, según la Fiscalía General de la Nación, a un presunto esquema de captación ilegal que habría movilizado cerca de $200.000 millones y afectado a alrededor de 8.000 ciudadanos entre 2021 y 2024.
Investigación y captación
La investigación quedó a cargo de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, dependiente de la Delegada para las Finanzas Criminales. Los procesos iniciaron cuando las autoridades detectaron operaciones de oferta de inversión que no correspondían con actividades comerciales transparentes.
Según lo reportado por la Fiscalía, el mecanismo habría iniciado mediante una comercializadora y exportadora y, posteriormente, continuó bajo la apariencia de una cooperativa. El modelo ofrecía dos modalidades de vinculación:
- Una supuesta compra y comercialización de plátano a productores locales, con intermediación para ventas internacionales.
- La incorporación de terceros como “asociados” o “socios ocultos” mediante contratos tipo cuentas en participación.
Como incentivo, los promotores del esquema aseguraban una rentabilidad extraordinaria: 25% cada 25 días hábiles, una promesa que, según la Fiscalía, no se cumplió y derivó en perjuicio económico de los participantes.
Detenidos y medidas judiciales
En audiencias separadas, fiscales presentaron la evidencia recopilada y jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos contra Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suárez Burgos, quienes fueron judicializados por su presunta vinculación con la captación masiva de dineros. La Fiscalía atribuyó a los investigados participación en un esquema de captación ilegal en el que habrían participado miles de personas.
Perfil de las víctimas y zonas afectadas
Entre las personas que, según la investigación, entregaron recursos se encuentran mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento forzado, docentes rurales, campesinos y agricultores. La captación habría tenido mayor incidencia en municipios de Antioquia —como Turbo, Carepa, Apartadó y Andes— y en Medellín, pero se identificaron afectados también en departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Periodo | 2021–2024 |
| Fondos movilizados | $200.000 millones (aprox.) |
| Número de afectados | ~8.000 personas |
| Personas judicializadas | Mariana V. Araos Borja y Alexander Suárez Burgos |
Impacto local y riesgos para la región
En la costa Caribe y el Magdalena, donde la economía rural y la informalidad financiera son comunes, las promesas de altos rendimientos pueden atraer a poblaciones con limitadas opciones de inversión formales. La presencia de víctimas vulnerables —incluidas personas desplazadas y trabajadores rurales— resalta el riesgo social que implica este tipo de esquemas: pérdida de ahorros familiares, endeudamiento y afectación de medios de vida.
Para las autoridades, el caso ejemplifica cómo supuestas actividades productivas —en este caso la comercialización de plátano— pueden utilizarse como fachada para captar recursos sin garantías ni controles adecuados.
Recomendaciones y próximos pasos
- La Fiscalía continúa con las labores probatorias y la judicialización; las audiencias ya avanzaron en varias instancias.
- Personas que crean haber sido afectadas deben conservr pruebas de las operaciones (contratos, comprobantes de pago, comunicaciones) y presentarlas ante las autoridades competentes.
- Se recomienda a la ciudadanía verificar la existencia y la inscripción en registros oficiales de cooperativas o empresas antes de entregar recursos.
En un territorio como el Magdalena, donde la actividad agrícola y la economía informal conviven con el turismo y el comercio portuario, estos casos dejan una lección sobre la necesidad de mayor educación financiera y de controles que protejan a quienes más dependen del ingreso cotidiano. La Fiscalía seguirá adelante con las investigaciones para determinar responsabilidades y garantizar la reparación de las víctimas.
Édinson Rafael Bermúdez Polo — Corresponsal en Magdalena (Santa Marta)
