La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Oswaldo Díaz Ortiz, concejal de Valledupar por el Partido Conservador, tras la difusión en redes sociales de un video en el que el cabildante aparece portando un arma de fuego y profiriendo amenazas contra personas identificadas con una tendencia política.
Qué pide la Procuraduría
La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ordenó la realización de una serie de pruebas técnicas destinadas a establecer las circunstancias del registro audiovisual que se viralizó. Entre los requerimientos figura un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para determinar si el video presenta alteraciones o ediciones, identificar el dispositivo con el que fue grabado (marca, modelo, número de serie) y, de ser viable, las cuentas o perfiles asociados al mismo.
Además, la investigación busca precisar cuándo y dónde fue grabado el material y solicita consultar y descargar el pronunciamiento público del concejal relacionado con la publicación, según consta en la decisión de apertura de indagación.
Contenido del video y reacciones
En el registro, que dura alrededor de 15 segundos y comenzó a circular en plataformas digitales, Díaz aparece con un arma en la mano mientras dirige una expresión contra simpatizantes del expresidente Gustavo Petro. En el fragmento difundido, el concejal afirma que estaría “listo para la guerra” y dice:
“La tengo lista para la guerra, cualquier petrista que venga va a llevar balín”.
La exhibición del arma y la frase orientada a personas identificadas con una posición política motivaron cuestionamientos públicos y llamados a la intervención de autoridades disciplinarias y penales. La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) expresó su rechazo y calificó el mensaje como “grave e irresponsable”, al considerar que proviene de un funcionario elegido por voto popular y que puede profundizar la polarización.
- CORPADES solicitó formalmente a la Procuraduría investigar el hecho y, si hay mérito, aplicar las sanciones correspondientes.
- Se han requerido peritajes técnicos sobre el video para determinar su autenticidad y origen.
- La investigación indagará si la conducta del concejal configura faltas disciplinarias en el ejercicio del cargo.
Implicaciones para la vida política local
El caso plantea interrogantes sobre la conducta de los funcionarios públicos en contextos de alta polarización política. Las autoridades disciplinarias deberán definir si la conducta filmada vulnera el régimen disciplinario aplicable a quienes ejercen cargos públicos en Valledupar y, en su caso, cuáles serían las sanciones procedentes.
El pedido de peritaje sobre el archivo audiovisual responde a la necesidad de establecer la veracidad y la autoría del material antes de emprender cualquier sanción. La investigación también indagará si existen riesgos asociados a la exhibición pública de un arma por parte de un representante local y si hubo comisión de delitos que correspondan a la Fiscalía General de la Nación.
Fuentes oficiales consignadas en la decisión de apertura señalan que el informe técnico deberá identificar el dispositivo y las cuentas vinculadas al mismo, además de precisar fecha y lugar de la grabación, elementos que serán determinantes para el avance del proceso disciplinario.
Mientras la indagación avanza, la polémica mantiene en el centro del debate público el uso del lenguaje y de símbolos de violencia por parte de representantes elegidos en Valledupar, asunto que organizaciones civiles y grupos políticos locales han venido señalando como preocupante.
