El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, intimó a su par de Azul, Nelson Sombra, a dar explicaciones por el traslado y la posterior dejadez de una familia de 11 personas en la estación de trenes de Tandil. El episodio, que ocurrió el 13 de agosto, generó un cruce institucional y puso en tensión la coordinación intermunicipal de políticas sociales en la región.
Cómo se detectó y cuál fue la respuesta local
Según informaron las autoridades de Tandil, el grupo —compuesto por 11 integrantes, entre ellos cinco menores— fue trasladado desde Azul en un vehículo oficial y dejado en la estación sin notificación previa ni articulación con la Municipalidad. El hecho fue advertido por el Centro de Monitoreo de Tandil, que activó un protocolo para brindar resguardo y asistencia a la familia.
- Fecha del traslado: 13 de agosto.
- Integrantes del grupo: 11 personas, con 5 menores.
- Lugar donde quedaron: Estación de trenes de Tandil.
El reclamo formal de Lunghi
El jefe comunal radical exigió a la Municipalidad de Azul que explique el operativo de traslado, identifique a los funcionarios y agentes que intervinieron y se haga cargo de los gastos que Tandil debió afrontar para atender la emergencia. Además, pidió que se coordine el retorno seguro del grupo a su ciudad de origen en un plazo no menor a 48 horas.
En su intimación, Lunghi advirtió que, de no obtener una respuesta satisfactoria en el plazo establecido, evaluará avanzar con acciones administrativas, civiles y eventualmente penales contra el intendente de Azul.
La versión del Municipio de Azul
Desde la gestión de Azul ofrecieron una explicación distinta sobre el episodio. El secretario de Desarrollo de la Comunidad de esa ciudad, Omar Seoane, negó que se tratara de un abandono y sostuvo que la propia familia había pedido ser trasladada a Tandil para alejarse de una situación de violencia y comenzar una nueva etapa.
“Negó que se haya tratado de un abandono”, según la versión oficial del Municipio de Azul.
Seoane aseguró además que los integrantes del grupo habían manifestado contar con posibilidades de trabajo y alojamiento en Tandil, por lo que el traslado se dispuso en un vehículo oficial ante ese pedido.
Implicancias locales y preguntas abiertas
El episodio plantea interrogantes sobre los procedimientos interjurisdiccionales para el traslado de personas en situación de vulnerabilidad y sobre la responsabilidad de cada municipio ante casos que superan los recursos locales. En Tandil, el Centro de Monitoreo actuó como primer eslabón operativo; en Azul, según su secretaría de Desarrollo, la familia solicitó el cambio de residencia temporal.
| Aspecto | Dato |
|---|---|
| Fecha del traslado | 13 de agosto |
| Personas afectadas | 11 (5 menores) |
| Medida solicitada por Lunghi | Explicaciones, identificación de responsables, pago de gastos, regreso en 48 h |
La disputa expone también la dimensión política de una cuestión social: la comunicación pública del intendente de Tandil subrayó la falta de notificación previa y la necesidad de que Azul asuma los costos de asistencia; la respuesta del vecino distrito relativiza la acusación y plantea que actuó ante un pedido de la propia familia.
En la ciudad, organizaciones sociales y referentes barriales suelen reclamar procedimientos claros cuando personas en situación de calle son trasladadas entre municipios, justamente para evitar situaciones de abandono o desamparo en terminales y estaciones. Por ahora, lo concreto es que Tandil activó un protocolo de contención y aguarda la respuesta formal de Azul dentro del plazo exigido por Lunghi.
Quedan por resolver, públicamente, las actuaciones administrativas que identifiquen a los responsables del operativo en Azul y la confirmación de si la familia retornará a su ciudad de origen coordinada por ese municipio, tal como exige la intimación municipal de Tandil.
La ciudad, sus recursos y su red de asistencia social están hoy en el centro del cruce institucional entre dos intendencias vecinas. Los próximos días serán clave para saber si la controversia termina en una coordinacif3n entre municipios o si escalará a medidas legales.
