Choque institucional por el traslado de una familia: Tandil dice que «los dejaron a la deriva»
El traslado de una familia de 11 personas desde la ciudad de Azul a Tandil desató un cruce público entre ambos municipios y derivó en el inicio de una investigación penal. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil sostuvieron que la comuna azulina envió al grupo sin coordinar una recepción y sin garantizar condiciones mínimas de alojamiento.
Las funcionarias municipales de Tandil, Alejandra Marcieri y Juliana Teerink, cuestionaron la forma en que se concretó el traslado y enfatizaron que, si el viaje fue consensuado y la familia contaba con trabajo y recursos para alquilar, debería haber existido una comunicación previa entre los dos municipios para articular la asistencia.
“Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”.
Según la versión aportada por autoridades de Tandil, los integrantes del grupo manifestaron que en Azul les habían ofrecido trasladarlos a Tandil bajo la expectativa de una solución habitacional y que alguien los estaría esperando. Al arribar a la ciudad, no existía «una estructura de recepción coordinada», señalaron las funcionarias, y esto motivó la presentación de una denuncia y el inicio de una causa por averiguación de ilícito contra el Municipio de Azul.
La otra versión: Azul defiende el procedimiento
Desde Azul la interpretación es distinta. El secretario de Desarrollo de la Comunidad, Omar Seoane, dijo públicamente que la familia se presentó en la Municipalidad de Azul y solicitó asistencia para trasladarse a Tandil después de un conflicto intrafamiliar que había contado con denuncias cruzadas y la detención de uno de los integrantes. Esa explicación plantea que el traslado fue gestionado a pedido del grupo y dentro de un marco de atención local.
Además, el concejal radical de Azul, Agustín Puyou, presentó una denuncia contra funcionarios municipales de su propia ciudad por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, lo que suma una lectura crítica al accionar comunal en Azul.
Contexto judicial y social
El caso tiene un antecedente relevante: en Azul existía una causa judicial vinculada a un conflicto intrafamiliar en la que se registraron denuncias por lesiones leves y amenazas y se había dispuesto una custodia dinámica para el grupo. Esa situación hace más sensible el traslado, según explicaron desde Tandil, porque implica riesgos y medidas de protección que deberían haberse tenido en cuenta al reubicar a la familia.
En la práctica, el episodio expone una falla en la coordinación intermunicipal de políticas sociales y de protección. En barrios como Barrio Federal y la zona de Rivadavia —lugares donde conviven servicios municipales y ONG—, vecinos y referentes consultados por esta redacción remarcan que episodios de este tipo suelen derivar en situaciones de calle temporal y mayor vulnerabilidad para mujeres, niños y adultos mayores.
- Actores principales: Municipio de Tandil, Municipio de Azul, la familia de 11 integrantes.
- Acciones en curso: denuncia por averiguación de ilícito contra la Municipalidad de Azul; denuncia del concejal Agustín Puyou por incumplimiento de deberes y abandono.
- Contexto previo: causa judicial en Azul por conflicto intrafamiliar y custodia dinámica.
| Fecha/Hecho | Actor | Situación |
|---|---|---|
| Fin de semana previo | Familia en Azul | Conflicto intrafamiliar; denuncias cruzadas |
| Jueves (según Azul) | Familia | Solicitó asistencia para traslado a Tandil |
| Al llegar a Tandil | Municipalidad de Tandil | Denuncian falta de recepción y coordinación |
El caso plantea preguntas puntuales sobre los protocolos de traslado entre municipios, la responsabilidad de las comunas cuando se reubica a personas en situación de vulnerabilidad y la necesidad de instrumentar convenios o canales de comunicación ágiles que eviten este tipo de desprotección.
Por ahora, la investigación penal y las denuncias administrativas marcan el calendario inmediato. En Tandil, las secretarías involucradas dejaron en claro el malestar institucional; en Azul, la Secretaría de Desarrollo busca justificar el procedimiento. Mientras tanto, la familia permanece en el centro del conflicto y las piezas de la historia siguen dependiendo de las pericias, los registros y las declaraciones que se recaben en la causa.
En la ciudad, vecinos y referentes de organizaciones sociales esperan que los dos municipios articulen medidas concretas para garantizar alojamiento temporal y asistencia psicológica y social, y que el episodio sirva para revisar protocolos: en un territorio donde la distancia entre un municipio y otro suele resolverse con gestiones administrativas, la coordinación no puede ser un reemplazo de la protección.
Lucas Ferraro
Corresponsal en la provincia de Buenos Aires
