Familias de la comunidad originaria Santa Rosa de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, denunciaron un desalojo con uso excesivo de la fuerza ocurrido en cumplimiento de una orden judicial del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. Según testimonios recogidos por medios provinciales y comunicados de organizaciones sociales, el procedimiento derivó en heridas entre pobladores y dejó a niños y adultos mayores en una situación de vulnerabilidad.
El operativo y las críticas
El desalojo se concretó pese a, según la comunidad, irregularidades vinculadas a planos con errores técnicos que habrían sido reconocidos por organismos provinciales y a la falta de respeto por la posesión comunitaria de la tierra. Integrantes de la comunidad denunciaron un despliegue policial con más de un centenar de efectivos que, según las fuentes, utilizó golpes y balas de goma.
"En vez de cuidarnos, nos reprimen con palos y balas", dijeron referentes de la comunidad, que reclamaron visibilizar lo ocurrido y pediron la intervención de organismos de derechos humanos.
La CTA Autónoma emitió asimismo un repudio formal al operativo y responsabilizó a autoridades provinciales y nacionales por lo que calificó de criminalización del reclamo territorial. En un comunicado, el gremio sostuvo que cerca de 120 familias fueron afectadas y señaló como factores que facilitaron los desalojos la derogación de la Ley 26.160 por el Decreto 1080/24 y reformas legales provinciales.
Reclamos jurídicos y contextos normativos
Las organizaciones que acompañan a la comunidad apelan al cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional y al Convenio 169 de la OIT, instrumentos que garantizan derechos colectivos de pueblos indígenas sobre sus territorios. La CTA Autónoma y referentes locales cuestionaron además modificaciones a la constitución provincial de Jujuy y al Código Procesal Penal, que, según su lectura, habrían habilitado prácticas que vulneran derechos territoriales y agravan la respuesta penal frente a la protesta social.
- Autor judicial: Juez Juan Pablo Calderón (Primera Instancia en lo Civil y Comercial).
- Comunidades afectadas: Comunidad Santa Rosa de Humahuaca, unas 120 familias según la CTA Autónoma.
- Instrumentos en discusión: Ley 26.160, Decreto 1080/24, Art. 75 CN, Convenio 169 OIT.
Consecuencias inmediatas y demandas
Tras el operativo, la comunidad y organizaciones de derechos humanos solicitaron difusión del hecho y exigieron el cese de lo que calificaron como persecución y criminalización. Reclamaron además medidas urgentes de protección para las personas heridas y asistencia para menores y adultos mayores afectados por la expulsión de sus tierras ancestrales.
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Familias afectadas | ~120 (según CTA Autónoma) |
| Autoridad que ordenó | Juez Juan Pablo Calderón |
| Normativa citada | Ley 26.160, Decreto 1080/24, Convenio 169 OIT |
Los llamados a la intervención incluyeron pedidos a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y un reclamo a medios para «romper el cerco informativo», según consignaron las fuentes que difundieron la denuncia. Por ahora no hay en los registros públicos comunicados formales de la judicatura ni del Ministerio de Seguridad de Jujuy en respuesta a las acusaciones sobre el procedimiento.
El episodio se inscribe en un marco de tensión creciente por disputas territoriales en distintas provincias, donde comunidades originarias sostienen que procesos judiciales y cambios normativos facilitan desalojos. La demanda central de la comunidad Santa Rosa es que se reconozcan y respeten las formas de posesión comunitaria y los procedimientos previos de relevamiento territorial.
La situación permanecerá en observación mientras organizaciones de derechos humanos y las comunidades afectadas intentan elevar las denuncias ante instancias provinciales y nacionales para obtener medidas de protección y garantías procesales.
