Una nueva regulación para abordar la salud mental y las adicciones en el ámbito laboral
La Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó una ley que incorpora de manera explícita la salud mental, los riesgos psicosociales y los consumos problemáticos dentro de las políticas de prevención en los lugares de trabajo. La norma modifica el rol de los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo y alcanza a empresas privadas y organismos públicos que cuenten con más de 50 trabajadores, según explicó el diputado provincial Ariel Bermúdez, uno de los impulsores junto con la diputada Silvana Di Stefano.
El cambio busca desplazar el foco desde una visión individual hacia un abordaje colectivo y preventivo: los problemas de salud mental y las adicciones deberán ser tratados como parte de la gestión de riesgos laborales y no exclusivamente como situaciones personales del trabajador.
- Alcance: empresas privadas y organismos públicos con más de 50 empleados.
- Herramientas: elaboración de protocolos de prevención, intervención y seguimiento.
- Actores: participación del Ministerio de Trabajo en los procedimientos y preservación de la confidencialidad.
"El objetivo es que la detección de un problema no derive automáticamente en una sanción o en la pérdida del empleo, sino que permita activar mecanismos de orientación, asistencia y acompañamiento", explicó Bermúdez.
Según lo consignado por los promotores de la iniciativa, los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo deberán incorporar herramientas para identificar situaciones vinculadas con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos, intervenir de manera oportuna y realizar un seguimiento de los trabajadores involucrados. El Ministerio de Trabajo tendrá participación en el procedimiento y se hará especial hincapié en la conservación de la confidencialidad de la información relacionada con las personas afectadas.
La normativa también contempla los consumos problemáticos vinculados al juego, como la ludopatía, entre las situaciones sujetas a detección e intervención. Esa inclusión amplía el abanico de riesgos contemplados hasta ahora en la Provincia y formaliza mecanismos que, según quienes impulsaron la ley, ya estaban siendo trabajados desde el ámbito ministerial con enfoque preventivo y de reducción de daños.
| Aspecto | Definición en la ley |
|---|---|
| Sujetos alcanzados | Empresas privadas y organismos públicos con más de 50 trabajadores |
| Acciones requeridas | Protocolos de actuación, intervención y seguimiento |
| Rol estatal | Intervención del Ministerio de Trabajo y garantía de confidencialidad |
En la práctica, la norma obliga a que los espacios laborales integren estas problemáticas dentro de los sistemas de prevención ya existentes y que no se las trate exclusivamente como faltas disciplinarias o asuntos personales del trabajador. El objetivo explícito, según Bermúdez, es que la detección active "mecanismos de orientación, asistencia y acompañamiento" en lugar de sanciones automáticas o riesgo de pérdida de empleo.
La ampliación normativa se inscribe en una tendencia creciente de políticas públicas que buscan abordar la salud mental como componente de la salud ocupacional. En la Provincia ya habían existido antecedentes: el Ministerio de Trabajo había comenzado a incorporar consumos problemáticos dentro de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, con foco en prevención y reducción de riesgos. La nueva ley formaliza y extiende ese enfoque, sumando explícitamente los riesgos psicosociales y los padecimientos mentales al marco preventivo.
Para empleadores y gremios, la sanción plantea la necesidad de actualizar protocolos internos, capacitar a los equipos de prevención y garantizar canales de contención con criterios de confidencialidad. Para trabajadores, la ley promete un andamiaje institucional que permita la detección temprana y el acceso a medidas de asistencia sin que ello implique, en primera instancia, una respuesta punitiva.
Quedan por definirse, en la implementación cotidiana, los detalles operativos: quiénes conformarán los equipos de intervención, cómo se articulará la intervención con servicios de salud mental y qué plazos y garantías se establecerán para la protección de los derechos laborales de las personas involucradas. Esas precisiones dependerán de las reglamentaciones y de la coordinación entre el Estado provincial, empleadores y representantes de los trabajadores.
La sanción de la ley abre una etapa en la que la Provincia deberá traducir una intención normativa en prácticas concretas en los lugares de trabajo de Santa Fe y el resto del territorio provincial.
