Detención y diligencias en una causa por presunta estafa a una persona mayor
La Policía de Investigaciones (PDI) actuó, por orden de la Fiscalía a cargo de la doctora Brindisi, en una pesquisa que comenzó a fines de julio y que tiene como eje a una mujer de edad avanzada internada en un geriátrico. En el marco de ese expediente fueron demorados un matrimonio oriundo de Villa Gobernador Gálvez —entre ellos Walter Rodriguez, identificado como padre del actual presidente del Concejo municipal, Nicolás Ramírez— y se secuestró documentación considerada de interés para la investigación.
Según el relato consignado en la denuncia, la mujer, viuda y sin hijos biológicos, estrechó años atrás un vínculo de confianza con una pareja que luego habría quedado a cargo de la administración de sus bienes mediante un poder. La damnificada relató que, mientras permanecía internada, “
atravesaba una situación que la preocupaba” y que la cuota del geriátrico no se abonaba, además de consignar la ausencia de visitas por parte de familiares.
Qué investigan las autoridades
La fiscalía ordenó diversas medidas para determinar qué ocurrió con el patrimonio de la mujer, que según la denuncia incluía campos, vehículos, propiedades y bienes muebles. Como parte de las diligencias, la PDI localizó a una sobrina lejana, quien fue entrevistada inicialmente por personal policial y luego por integrantes del Ministerio Público de la Acusación.
Con las indagaciones se avanzó en la identificación de las personas que tenían la administración y disposición de los bienes denunciados. Finalmente, la Fiscalía dispuso un procedimiento en Villa Gobernador Gálvez donde fueron detenidos ambos integrantes del matrimonio y se incautó documentación vinculada a la causa.
Contexto y procedimiento judicial
La investigación fue iniciada a partir de la denuncia presentada por la propia mujer alojada en la institución geriátrica. Fuentes del procedimiento indicaron que la pesquisa busca establecer si el otorgamiento del poder y las posteriores maniobras se ajustaron a derecho o constituyen una maniobra de despojo aprovechando la vulnerabilidad de una adulta mayor.
- Inicio de la causa: fines de julio (denuncia en Fiscalía a cargo de la Dra. Brindisi).
- Actuación policial: intervención de la PDI y detención del matrimonio.
- Medidas: secuestro de documentación y entrevistas a familiares localizados por la pesquisa.
El expediente está en manos del Ministerio Público de la Acusación y continuará con las medidas previstas para determinar la titularidad real de los bienes y la eventual comisión de delitos contra la integridad patrimonial de una persona en situación de vulnerabilidad.
Repercusiones locales y obligación de transparencia
La presencia de un vínculo familiar directo con una autoridad del Concejo municipal añade una dimensión pública a la causa: aunque la investigación apunta a particulares, la relación de uno de los detenidos con un funcionario local obliga a la Municipalidad a mantener cautela y garantizar el debido proceso. Hasta ahora no constan en el sumario imputaciones formales contra el dirigente municipal; la investigación se concentra en los pasos administrativos y patrimoniales que rodearon al poder y la administración de los bienes.
En procedimientos de esta naturaleza, las autoridades judiciales suelen priorizar la protección de la persona afectada, el aseguramiento de pruebas documentales y el esclarecimiento de si existió abuso de confianza o aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad. Las fuentes oficiales consultadas en la causa informaron que las diligencias continuarán con peritajes sobre la documentación secuestrada y declaraciones complementarias.
| Hecho | Estado |
|---|---|
| Denuncia inicial | Presentada a fines de julio |
| Intervención policial | PDI actuó por orden fiscal |
| Detenidos | Un matrimonio de Villa Gobernador Gálvez |
| Secuestros | Documentación relacionada con la administración de bienes |
La causa seguirá su curso en la Fiscalía de la doctora Brindisi y el Ministerio Público de la Acusación continuará las diligencias para determinar responsabilidades penales y patrimoniales. Por ahora, la investigación prioriza establecer la cadena de decisiones que dejó a la mujer sin control sobre sus bienes y si hubo maniobras destinadas a despojarla.
