La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves 17 de septiembre una ley que restringe y sanciona la actividad no autorizada de cuidacoches, limpiavidrios y cuidadores de vehículos en la vía pública. La iniciativa, fruto de alrededor de tres meses de debate dentro y fuera del recinto legislativo, modifica el Código de Convivencia provincial para dar marco legal a prácticas que municipios y vecinos venían denunciando.
Qué modifica la norma
La nueva regulación incorpora tres artículos al Código de Convivencia. Entre ellos, el artículo 66 bis determina la prohibición de ofrecer, sin autorización municipal, servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública cuando la normativa local lo prohíba. La sanción alcanza tanto a quien exige dinero como a quien solicita una contribución «voluntaria» por estos servicios.
Además de la prohibición, la ley introduce un régimen de penas que prevé medidas alternativas y privativas de la libertad según la gravedad y la reiteración de la conducta. El texto también faculta a municipios y fuerzas de seguridad a actuar de oficio para desalojar y poner fin a la situación irregular.
Penas y agravantes
El esquema sancionatorio aprobado contempla una gradación según la reiteración y las circunstancias en que se lleva a cabo la actividad.
| Infracción | Consecuencia |
|---|---|
| Ofrecer cuidado/limpieza sin permiso | Trabajo comunitario de 2 a 10 días y prohibición de concurrir al lugar donde se detectó la irregularidad |
| Reincidencia | Arresto de 10 a 20 días |
El texto establece además que las penas se duplican —o se multiplican según lo disponga la reglamentación— cuando la conducta se asocie con violencia o amenazas, cuando exista organización previa, o si la actividad se desarrolla en espacios con mayor vulnerabilidad o importancia económica y social.
- Penas agravadas si hay violencia o amenazas.
- Aumento de la sanción en zonas de estacionamiento tarifado y en eventos masivos (radio de 20 cuadras).
- Agravamientos para hechos en horario nocturno (entre 18:00 y 06:00) y cerca de bancos, escuelas o locales comerciales.
Facultades para intervenir
La norma aprobada también habilita a las municipalidades y a la policía provincial a intervenir de oficio para desalojar a quienes ejerzan la actividad sin el permiso correspondiente y para detener prácticas que configuren un estado antijurídico en el espacio público. El objetivo declarado es recuperar el orden en las calles y proteger a automovilistas y peatones frente a situaciones de extorsión o conflicto por el uso del estacionamiento.
Contexto y alcances
La discusión legislativa se sostuvo durante semanas en ámbitos locales y en los municipios, donde ya existen ordenanzas que regulan el estacionamiento y la prestación de servicios en la vía pública. Con la sanción provincial, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de reglamentar los artículos incorporados y de coordinar con las intendencias y comunas los mecanismos de fiscalización y aplicación de las sanciones.
Desde la aprobación, resta conocer el plazo y la forma en que la Gobernación procederá a la reglamentación para precisar cómo se articularán las distintas jurisdicciones. También será determinante la capacitación de personal municipal y policial para actuar conforme a la nueva ley y para diferenciar situaciones de necesidad social de conductas ilícitas o coercitivas.
Impacto práctico para ciudadanos
La norma busca dar respuesta a reclamos de vecinos y comerciantes que denunciaron la presencia de cuidacoches en determinadas zonas, así como episodios de intimidación vinculados al cobro por estacionar. A partir de su implementación, los conductores que circulen por la provincia deberán atender la señalización local sobre lugares donde el estacionamiento está regulado y evitar entregar dinero a quienes ofrezcan custodias de manera informal.
Por su parte, los municipios recibirán una herramienta legal para actuar con mayor rapidez frente a reclamos vecinales. Quedan pendientes las definiciones operativas que marcarán hasta qué punto la nueva reglamentación modificará las prácticas en el espacio público en los próximos meses.
La votación del jueves cierra una etapa de debate legislativo y abre ahora otra fase: la implementación práctica de una norma que busca reducir la informalidad y las situaciones de conflicto en la vía pública sin que por eso deje de exigir un control sensible a las problemáticas sociales que pueden rodear a quienes ejercen estas actividades.
