La provincia de Santa Fe anunció que está preparada para la entrada en vigencia de la norma nacional que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que comenzará a regir el 5 de septiembre en todo el país. El diagnóstico oficial abarca aspectos normativos, recursos humanos y capacidad edilicia, y fue formulado por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Normativa y antecedentes locales
Según el ministro, Santa Fe ya cuenta con un marco procesal y ejecutorio orientado a la justicia penal juvenil que facilita la transición al nuevo escenario nacional. En particular, la provincia dispone de un Código Procesal Penal Juvenil sancionado en 2023, que toma elementos del sistema acusatorio vigente para adultos, y una Ley de Ejecución de la Pena vigente desde diciembre de 2023, cuyas pautas también se aplican, de manera supletoria, a menores.
En ese sentido, el Gobierno provincial sostiene que no es necesario crear estructuras desde cero, porque ya existen establecimientos, medidas y lugares de alojamiento adecuados para la implementación de las medidas previstas por la nueva ley nacional.
"No hay que inventar nada, ya está inventado, los establecimientos ya existen, las medidas ya están, los lugares de alojamiento ya están. Y lo más importante, la normativa procesal, que para muchas provincias será una novedad, en la provincia de Santa Fe ya existe también"
Medidas y niveles de privación de libertad
El ministro explicó que el régimen penal juvenil contempla dos grandes tipos de respuestas: medidas alternativas y medidas privativas de libertad. Dentro de las privativas para adolescentes de entre 14 y 18 años, Cococcioni detalló que existen tres escalones que se aplican según la gravedad del hecho y la situación procesal.
- Prisión domiciliaria: propuesta para que se aplique con tobilleras electrónicas en los casos que correspondan.
- Alojamiento en establecimientos: uso de lugares ya existentes para la internación o custodia según lo determine la autoridad judicial.
- Medidas de mayor seguridad: escalón superior para los casos más graves o que requieran mayor contención institucional.
El Ejecutivo provincial aseguró contar con dispositivos electrónicos de monitoreo (“tobilleras”) disponibles y que su implementación dependerá de la solicitud del fiscal y la autorización del juez en cada caso concreto.
Relación con programas de niñez y recursos humanos
En materia de políticas integrales, la Provincia subrayó que muchas de las medidas alternativas previstas por la ley nacional ya se aplican en programas dependientes de la Secretaría de Niñez. Según la exposición oficial, esto incluye dispositivos de acompañamiento, reeducación y atención profesional que complementan las respuestas judiciales.
Respecto al personal, el Gobierno afirmó que existen profesionales capacitados para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, lo que incluiría equipos técnicos para la evaluación, seguimiento y asistencia de los jóvenes afectados por medidas judiciales.
Fechas claves y vigencia
La nueva regla nacional entrará en vigor el 5 de septiembre. A partir de esa fecha, la normativa que reduce la edad de imputabilidad y establece condiciones específicas para la detención y ejecución de medidas sobre adolescentes será de aplicación en todo el territorio argentino.
| Instrumento | Año |
|---|---|
| Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe | 2023 |
| Ley de Ejecución de la Pena (aplicable supletoriamente a menores) | Diciembre 2023 |
| Vigencia de la modificación nacional (imputabilidad a 14 años) | 5 de septiembre (a nivel nacional) |
Implicancias prácticas y judiciales
La baja de la edad de imputabilidad modifica el umbral para que una persona adolescente pueda ser procesada penalmente por ciertos delitos graves. En la práctica, eso obliga a los operadores judiciales —fiscales, defensores y jueces— a aplicar protocolos específicos que determinen tanto la procedencia de la privación de libertad como el tipo de medida más adecuada según el caso.
Desde la Gobernación se destacó la necesidad de coordinación entre áreas de seguridad, salud mental y políticas de niñez para garantizar que las respuestas no sean exclusivamente punitivas sino que incluyan dispositivos de protección, tratamiento y reinserción.
Lo que sigue
En las próximas semanas, las autoridades provinciales deberán continuar con la articulación con el Poder Judicial y las áreas municipales para definir procedimientos operativos, priorizar casos y asegurar el acceso a dispositivos alternativos donde corresponda. La Provincia afirmó que su intención es aplicar la norma dentro del marco de las herramientas existentes y con los recursos técnicos disponibles.
