La intendencia reclama respuestas por el destino de fondos y la ejecución del plan
La Municipalidad de San Isidro presentó esta semana un pedido formal para que el juez nacional Sebastián Ramos cite a indagatoria a Gustavo Posse en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de un plan de 250 viviendas sociales en el barrio Martín y Omar. El escrito, firmado por los abogados Nicolás Ramírez, Juan Oribe y Julieta Melconian, fue incorporado al expediente CFP 12.590/2014, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2.
El planteo municipal busca también la indagatoria de otros exfuncionarios locales, una supervisora provincial y representantes de las tres empresas que intervinieron sucesivamente en las obras. Según consta en el expediente, el proyecto —identificado como Proyecto N°48 “San Isidro I - Barrio Martín y Omar”— se inició en 2006 con fondos transferidos mayoritariamente por el Estado Nacional y su recepción definitiva se formalizó casi una década después, en 2016.
“El nuevo pedido pone el foco en el papel que habría tenido Gustavo Posse como máxima autoridad municipal durante la ejecución del denominado Proyecto N°48”, reporta el expediente.
La investigación fue impulsada originalmente por el fiscal federal Jorge Di Lello, fallecido, quien en 2017 ya había solicitado la indagatoria de Posse y otros involucrados. Actualmente interviene como subrogante el fiscal federal Ramiro González. La Municipalidad fue incorporada como querellante por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyo alcance aún puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia.
Un expediente con recorrido y repercusiones locales
Posse fue la máxima autoridad municipal durante todo el periodo investigado: estuvo al frente de San Isidro en seis mandatos consecutivos entre 1999 y 2023. Por eso, el reclamo oficial subraya que el lapso de ejecución del proyecto —2006 a 2016— quedó comprendido en su gestión. El pedido de la Municipalidad busca que se aclare cómo se administraron y aplicaron los fondos públicos destinados a esas viviendas.
En los alrededores del barrio Martín y Omar, vecinos reclamaron en otras ocasiones obra pública y respuestas sobre el avance de los trabajos. El expediente judicial ahora obliga a que esas dudas lleguen a un estrado: si el juez Ramos hace lugar al pedido, Posse deberá presentarse a declarar y la causa podrá avanzar hacia otras medidas de prueba o eventuales imputaciones.
- Actores procesales: Municipalidad de San Isidro (querellante), exintendente Gustavo Posse, juez Sebastián Ramos, fiscales Di Lello (inicial) y Ramiro González (subrogante).
- Objeto de la investigación: ejecución y destino de fondos del Proyecto N°48 “San Isidro I - Barrio Martín y Omar” (250 viviendas), inicio en 2006, recepción en 2016.
- Próximo paso: decisión del juez Ramos sobre el pedido de indagatoria.
Implicancias políticas y administrativas
Más allá del proceso judicial, el pedido impacta en la gestión pública local: si avanza la indagatoria y se confirman irregularidades, podrían derivarse responsabilidades administrativas y una revisión de cómo se licitaron y supervisaron las obras. Desde el llano político, la figura de Posse concentra ahora la atención por su larga permanencia al frente del municipio durante la traza temporal del proyecto.
El expediente también suma complejidad por la participación sucesiva de tres empresas en la obra y la actuación de una supervisora provincial mencionada en el escrito. Esas variaciones en la ejecución son parte de las cuestiones que el juzgado y el Ministerio Público Fiscal deberán dilucidar para establecer si hubo delito, negligencia o irregularidades administrativas.
| Año | Hito |
|---|---|
| 2006 | Inicio del Proyecto N°48 (viviendas en Martín y Omar) |
| 2016 | Recepción definitiva de las obras |
| 2017 | Pedido de indagatoria por el fiscal Di Lello |
| 2026 | Municipalidad solicita indagatoria de Posse; expediente en Juzgado N°2 |
La decisión ahora queda en manos del juez Sebastián Ramos. En los barrios de San Isidro hay expectativas por conocer si se convocará a declarar a Posse y a otros señalados en el escrito municipal. Para los vecinos que esperaron por las viviendas y por respuestas sobre el destino de los fondos, la cita judicial puede ser un paso clave para saber qué sucedió con ese proyecto social iniciado hace dos décadas.
