Choque entre oposición y Ejecutivo por contratos y manejo de personal
En San Isidro se instaló un clima de tensión política por una serie de cuestionamientos a la gestión del intendente Ramón Lanús, que asumió en 2023 y finalizará su primer mandato en 2027. La controversia se concentra en un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para la contratación de personal, el estado del hospital municipal y la estructura de las tasas comunales.
El concejal radical Walter Pérez fue uno de los que levantó la voz contra el acuerdo con la UNSAM: según su denuncia —publicada por PERFIL— el municipio pagó, hasta julio de 2025, un total de $20.000 millones (más de 10 millones de dólares), y de ese monto “más de un millón” habría sido girado a la universidad por comisiones. Pérez sostuvo que la contratación mediante ese convenio incluyó un 10% de comisión y afirmó que los ediles opositores no cuentan con toda la información, por lo que presentaron una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
“Esto lo fueron ampliando sistemáticamente hasta julio de 2025. En ese año el monto total de lo que se pagó fueron 20 mil millones de pesos, más de 10 millones dólares, de los cuales más de un millón fueron a la Unsam”, dijo Walter Pérez, según el informe.
Respuesta oficial: necesidad de intervención técnica
Desde la Intendencia, en tanto, justificaron la decisión de contratar a una institución técnica externa por la existencia de procedimientos administrativos fragmentados, información de gestión dispersa o inexistente, duplicación de tareas y ausencia de mecanismos de control consolidados al momento de asumir la nueva gestión.
El Ejecutivo señaló además que había una insuficiencia alarmante en infraestructura tecnológica y limitaciones críticas en el personal municipal de planta: muchos agentes, dijeron, contaban con un manejo informático básico o inexistente. Por esa razón, argumentan, la contratación de la UNSAM no fue discrecional sino una medida «urgente e insustituible» para no resentir la prestación de servicios.
Lo que reclama la oposición y los pasos formales
La oposición reclama acceso a documentación y auditabilidad de los gastos vinculados al convenio. En el expediente figura la presentación ante el Tribunal de Cuentas, un recurso administrativo que busca obtener detalles sobre cómo se instrumentó el vínculo con la universidad y qué remuneraciones o comisiones se aplicaron.
- Reclamo por supuesta comisión del 10% en el convenio con la UNSAM.
- Denuncia de falta de transparencia y pedido de documentación ante el Tribunal de Cuentas.
- Defensa oficial centrada en la falta de personal con capacidades tecnológicas y en la necesidad de contratar asistencia externa.
| Concepto | Valor informado |
|---|---|
| Total pagado hasta julio de 2025 | $20.000.000.000 (más de 10 millones USD) |
| Monto que habría percibido la UNSAM | Más de 1 millón USD (según denuncia) |
Implicaciones locales
La disputa no es sólo técnica: tiene impacto sobre la percepción vecinal respecto de la gestión municipal y sobre asuntos concretos como la planta de personal, la calidad de servicios y la salud pública. En particular, las críticas respecto del hospital municipal alimentan la preocupación de los vecinos que ven demoras o carencias en la atención sanitaria.
El caso sumó a la agenda política de los concejales opositores, que pretenden profundizar controles y requerir un mayor nivel de información. En paralelo, desde el Ejecutivo intentan mostrar que la medida adoptada fue necesaria para enfrentar una situación heredada con “información incompleta” y falta de estructura tecnológica.
En los próximos pasos, el Tribunal de Cuentas y los órganos de control municipales serán clave para determinar si hubo irregularidades formales en el convenio y, en su caso, el alcance de las responsabilidades administrativas. Hasta entonces, la tensión entre oficialismo y oposición seguirá siendo un tema central en San Isidro.
