RÍO GALLEGOS — La aprobación por parte de la Caja de Previsión Social de 27 beneficios mediante el Decreto 608 desató un conflicto institucional en Santa Cruz luego de que trascendiera que entre los casos figuran las jubilaciones de tres magistradas vinculadas al Tribunal Superior de Justicia.
Reacciones dentro del fuero
Una de las magistradas involucradas, Paula Ludueña, rompió el silencio y cuestionó la decisión del organismo previsional. Según la publicación que dio cuenta del caso, Ludueña afirmó que ella y las otras dos juezas, Reneé Fernández y Alicia Mercau, sólo habían iniciado los trámites jubilatorios y rechazó que se tratara de una renuncia.
"Ninguna de las tres renunció, es una jubilación compulsiva"
En ese mismo tramo de declaraciones, la magistrada señaló que la situación se produce después de numerosos procesos de remoción —"juicios políticos fallidos"— que, a su criterio, contribuyeron al desenlace actual.
Denuncia de intencionalidad política
El caso también generó pronunciamientos desde la vocalía por los activos de la Caja: Cristian Sánchez denunció una intencionalidad política en la decisión de otorgar los beneficios mediante el decreto mencionado. La denuncia apunta a que el trámite se aceleró con fines que excederían lo previsional.
Qué se sabe del procedimiento
Según lo informado, la Caja de Previsión Social aprobó mediante el Decreto 608 un paquete de 27 beneficios. Entre ellos se encuentran las jubilaciones de las tres juezas del Tribunal Superior, quienes —según la versión pública— habían iniciado trámites jubilatorios pero no renunciado a sus cargos.
- Decreto: 608
- Beneficios aprobados: 27
- Magistradas implicadas: Paula Ludueña, Reneé Fernández, Alicia Mercau
- Reclamo: denuncias de intencionalidad política por parte de un vocal de la Caja
Posibles efectos institucionales
El caso plantea varias preguntas de alcance institucional: la forma y los plazos en que la Caja consideró y resolvió las jubilaciones; si existió o no consentimiento efectivo de las magistradas para la tramitación; y el impacto que la salida simultánea de integrantes del Tribunal Superior puede tener en la organización interna del fuero.
Fuentes judiciales consultadas por la publicación que reveló el expediente señalaron que las magistradas habían iniciado trámites, pero la aclaración de Ludueña sobre la ausencia de renuncias introduce una discrepancia entre el acto administrativo (la aprobación del beneficio) y la voluntad que esa aprobación implicaría.
Contexto: remociones y tensiones previas
El conflicto llega en un contexto de tensiones acumuladas entre el Poder Judicial y otros actores provinciales. Ludueña vinculó el episodio con anteriores intentos de remoción que no prosperaron —los denominados "juicios políticos fallidos"— y sostuvo que esos antecedentes forman parte del marco que explica la situación actual.
| Elemento | Dato conocido |
|---|---|
| Decreto | 608 |
| Beneficios aprobados | 27 |
| Magistradas mencionadas | Paula Ludueña; Reneé Fernández; Alicia Mercau |
Estado del caso y próximos pasos
La publicación que difundió la información consignó las declaraciones de las magistradas y la denuncia del vocal por los activos. Hasta el momento no se reportaron comunicados oficiales adicionales de la Caja de Previsión Social ni del Tribunal Superior que modifiquen o amplíen lo ya informado públicamente.
En términos procesales y administrativos, la controversia podría derivar en revisiones internas de los actos previsionales, pedidos de informes o medidas de carácter judicial o político si las partes afectadas deciden impugnar la operatoria del decreto o reclamar la conservación de sus cargos mientras se tramita la situación.
El episodio vuelve a poner en primer plano la relación entre mecanismos previsionales y decisiones institucionales de mayor alcance político en la provincia de Santa Cruz, y plantea un desafío sobre la transparencia de los procesos cuando involucran a miembros del propio sistema judicial.
