El Gobierno de la provincia formalizó la entrega de dos áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos: El Manzano y Atamisqui. Las concesiones, que tendrán una vigencia de 25 años, fueron oficializadas mediante dos decretos firmados el 7 de septiembre por el gobernador Alfredo Cornejo y publicados en el Boletín Oficial.
Empresas adjudicatarias y compromisos económicos
La superficie conocida como El Manzano fue asignada a Venoil S.A., que presentó la oferta considerada más conveniente por la comisión evaluadora. Para esa área la firma se comprometió a ejecutar inversiones por un total de USD 30.975.000 durante los primeros diez años, con un plan desagregado en USD 23.525.000 para el primer quinquenio y USD 7.450.000 para el segundo.
Por su parte, el área Atamisqui quedó en manos de Petróleos Sudamericanos S.A., única oferente en ese proceso. Esa compañía consignó un compromiso de inversión de USD 15.007.000 para la primera década: USD 7.580.000 previstos para los primeros cinco años y USD 7.427.000 para los siguientes cinco.
| Área | Empresa adjudicataria | Compromiso 10 años (USD) | Vigencia |
|---|---|---|---|
| El Manzano | Venoil S.A. | 30.975.000 | 25 años |
| Atamisqui | Petróleos Sudamericanos S.A. | 15.007.000 | 25 años |
Condiciones económicas y plazos
Además de la inversión, la adjudicación de El Manzano incluye un pago inicial comprometido por la empresa por USD 545.829,96 y una regalía fija del 7%. El decreto que formaliza la concesión establece que el plazo de 25 años comenzará a contarse desde el día siguiente a la publicación de la norma en el Boletín Oficial y fija obligaciones sobre la presentación de planes quinquenales: Venoil deberá ejecutar el plan aprobado y presentar anticipadamente nuevos planes al cumplirse los años 10, 15 y 20 de la concesión.
En el caso de Atamisqui, la particularidad más destacada es la modalidad de la regalía ofrecida por Petróleos Sudamericanos: la alícuota efectiva resultó en un 5%, de acuerdo con la fórmula prevista en el proceso licitatorio (15% más una variable que en este caso arrojó -10%).
Marcos legales y consecuencias administrativas
Los decretos que rubricó la gobernación fijan plazos y responsabilidades financieras. En El Manzano, el pago inicial debe efectuarse dentro de los 30 días corridos desde el inicio formal de la concesión; su incumplimiento puede derivar en la caducidad de la adjudicación según aclaró el expediente administrativo. Ambas adjudicaciones fueron resultado de una licitación pública, con convocatoria de alcance nacional e internacional.
Impacto local y consideraciones
La decisión del Ejecutivo provincial abre perspectivas en materia de actividad hidrocarburífera regional: los compromisos de inversión implican movimientos de capital que, en principio, pueden traducirse en obras, contratación de servicios y empleo local durante la fase de exploración y explotación. Al mismo tiempo, la explotación de reservas hidrocarburíferas suele suscitar cuestionamientos ambientales y debates sobre el tipo de desarrollo productivo que promueve la provincia.
Fuentes oficiales consignaron que la adjudicación obedeció a los términos técnicos y económicos previstos en el pliego, dado que una de las áreas tuvo más de una oferta y la otra recibió una sola propuesta.
- Duración de las concesiones: 25 años (cada una).
- Inversión total comprometida (primeros 10 años): USD 45,982,000 (suma de ambas áreas).
- Regalías: El Manzano 7%; Atamisqui, alícuota efectiva 5% según fórmula licitatoria).
Los documentos administrativos publicados en el Boletín Oficial contienen las condiciones completas y las obligaciones de las empresas adjudicatarias. En los próximos tramos de la concesión se seguirá de cerca el cumplimiento de los planes quinquenales, la aprobación de nuevas etapas operativas y los desembolsos comprometidos.
Los efectos prácticos inmediatos para los municipios y proveedores locales dependerán de los proyectos operacionales que presenten las empresas a partir de los planes aprobados y de los contratos de servicios que se acuerden. La provincia tendrá, por su parte, herramientas para fiscalizar el cumplimiento de los compromisos y eventualmente aplicar sanciones si no se respetan los plazos o los pagos previstos.
La publicación oficial de los decretos y los expedientes vinculados brindan el marco legal para los controles administrativos y permitirán conocer, con mayor detalle, los programas de trabajo que cada adjudicataria deberá ejecutar durante la vigencia de su concesión.
Ignacio Quiroga, Corresponsal en Mendoza.
