La Justicia federal ordenó al Estado nacional reparar de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López, en el sur de la provincia de Santa Fe, para garantizar su plena transitabilidad. La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada en marzo de 2025.
Fundamento y alcance de la medida
El fallo responsabiliza a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y al Estado nacional por la “falta prolongada de mantenimiento y conservación” de esos corredores, que según el juez constituyó una omisión con “arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”. La resolución obliga al Gobierno a asegurar las reparaciones ya sea por Vialidad Nacional o por el organismo que eventualmente asuma sus funciones.
“con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”
El magistrado también aclaró que una eventual transferencia de tareas a empresas privadas o concesionarias no exime al Estado de su responsabilidad: la obligación de garantizar la transitabilidad persiste aunque la ejecución de las obras quede en manos de terceros.
Quién pidió la medida
La demanda fue iniciada por la senadora provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Leticia Di Gregorio, que en marzo de 2025 había logrado una medida cautelar previa que exigía señalización de sectores deteriorados, desvíos cuando fueran necesarios y otras acciones mínimas de seguridad vial.
Concesiones y adjudicaciones en el foco
La decisión judicial llega en un momento en que el Gobierno nacional avanza con nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones. En el expediente constan las adjudicaciones para los tramos afectados:
| Ruta | Tramo / Observación | Empresa adjudicataria |
|---|---|---|
| Ruta 33 | Tramo Portuario Norte | CPC SA (vinculada a Cristóbal López) |
| Ruta 7 | Tramo correspondiente | Creditech SA y Plantel SA |
| Ruta 8 | Tramo correspondiente | Basaa SA y Cecosa SA |
Para el juez, las modificaciones en contratos de concesión no pueden ser utilizadas como argumento para postergar las reparaciones que estos corredores requieren.
Impacto local y consideraciones prácticas
La orden judicial implica que el Estado deberá avanzar en trabajos de reparación y conservación que afectan tanto al transporte de carga como al tránsito interurbano de la región. Aunque el fallo no especifica plazos detallados en la información disponible, la fórmula “inmediata e integral” apunta a una intervención operativa urgente.
Entre las consecuencias más inmediatas para la población y el sector productivo se cuentan:
- Mejoras en la señalización y en la seguridad de los tramos más deteriorados.
- Posibles desvíos y trabajos en calzada que alteren temporalmente el flujo vehicular.
- Mayor fiscalización del cumplimiento por parte del Poder Judicial sobre los plazos y la calidad de las obras.
Responsabilidad estatal y supervisión
La sentencia subraya que, aunque empresas concesionarias ejecuten las obras, la responsabilidad última de garantizar la transitabilidad recae en el Estado nacional. Esa precisión tiene implicancias administrativas y legales: abre la puerta a controles sobre cómo se cumplen los contratos y sobre eventuales demoras en la ejecución por parte de adjudicatarias.
Qué queda por verse
Faltan por conocer los plazos concretos de ejecución, el cronograma de obras y si Vialidad Nacional remitirá un plan operativo a la Justicia para dar cumplimiento a la orden. También será relevante observar si el fallo impulsa medidas similares en otros tramos de la Red Federal de Concesiones que presentan problemas de conservación.
La decisión judicial representa, en términos prácticos, una obligación de corto plazo para la administración central y una señal para transportistas, municipios y productores de la región: la garantía de transitabilidad en rutas que son ejes del comercio y la circulación en el sur de Santa Fe no puede postergarse por cambios contractuales ni gestiones administrativas.
