La implementación en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil —la Ley N° 27.801, que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— quedó suspendida de modo preventivo por 60 días. La decisión fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, al admitir un habeas corpus colectivo promovido por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
Motivos de la cautelar
La magistrada fundamentó la medida en la incapacidad material y edilicia de los dispositivos bonaerenses para absorber un aumento en la población adolescente privada de libertad. En su resolución, Pascual señaló que la ampliación de los grupos etarios alcanzados por la norma implicará un crecimiento tanto en los ingresos como en la permanencia de jóvenes en los establecimientos, y advirtió sobre el riesgo de vulneración de derechos si se aplicara la ley sin las condiciones adecuadas.
Como antecedente concreto, la jueza recordó que su propio juzgado había tenido que imponer un tope de sesenta adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora por incumplimientos en requisitos mínimos de habitabilidad. Aunque el fallo reconoce la existencia de mejoras recientes en provisión de agua potable, alimentación y algunas obras, concluye que esas correcciones no garantizan la capacidad operativa para enfrentar el aumento previsto.
Qué dispuso la resolución y qué viene ahora
La cautelar suspende por 60 días la aplicación del régimen en el territorio provincial y convocó a una audiencia para que los funcionarios responsables informen sobre las medidas adoptadas y los plazos para su implementación. La suspensión tiene alcance exclusivamente en la provincia de Buenos Aires y no impide la vigencia de la ley en otras jurisdicciones.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Ley | Ley N° 27.801 (baja edad de imputabilidad de 16 a 14 años) |
| Duración de la suspensión | 60 días (preventiva) |
| Órgano que resolvió | Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, Lomas de Zamora (jueza Marta Elba Pascual) |
| Acción presentada | Habeas corpus colectivo por Federación Familia Grande Hogar de Cristo |
Impacto local y tensiones entre Nación y Provincia
La medida pone en primer plano la disyuntiva entre la entrada en vigor de una norma de alcance nacional y la capacidad real de las provincias para implementarla sin afectar derechos. En la práctica, la suspensión evita por ahora que adolescentes de 14 y 15 años sean procesados y alojados bajo los mecanismos previstos por la nueva normativa dentro de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales consultadas por el expediente sostienen que la jueza aplicó el principio precautorio ante lo que consideró un riesgo inminente de colapso institucional. La convocatoria a una audiencia obligará a los responsables provinciales a explicar públicamente qué acciones concretas se han puesto en marcha y en qué plazos podrían adecuar la capacidad institucional.
Qué reclaman las organizaciones y qué necesitan los dispositivos
La presentación que originó la cautelar fue realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de libertad y buscando preservar condiciones mínimas de habitabilidad y atención. Entre las demandas que se han repetido en distintos informes y sentencias anteriores figuran la mejora en infraestructura, la formación de equipos técnicos especializados y la adecuación de recursos para garantizar alimentación, agua potable, salud mental y educación en los centros socioeducativos.
- Mejoras edilicias y de habitabilidad en los centros socioeducativos.
- Refuerzo de equipos profesionales: psicólogos, trabajadores sociales y personal técnico.
- Plan de contingencia con plazos concretos para ampliar plazas sin vulnerar derechos.
En barrios de Lomas de Zamora y localidades vecinas el fallo generó reacciones encontradas: hay inquietud por la inseguridad simbólica que supone una suspensión, pero también preocupación entre defensores de derechos por posibles apremios si se aplicara la ley sin la estructura necesaria.
Plazos y expectativas
Durante los próximos 60 días la Provincia deberá responder puntualmente ante la Justicia y describir las acciones para cumplir con la ley sin poner en riesgo a los adolescentes privados de libertad. Si los funcionarios no aportan garantías, la suspensión podría prorrogarse o derivar en otras medidas judiciales. Si la Provincia demuestra que alcanzó las condiciones exigidas, la implementación podrá avanzar conforme a la normativa nacional.
La resolución abre una pulseada institucional: de un lado, la reglamentación nacional que entró en vigor; del otro, la evaluación judicial sobre la capacidad material y operativa local. En los hechos, la decisión de la jueza Pascual obliga a la Gobernación y a los ministerios provinciales a mostrar en tiempo y forma un plan concreto para evitar que la normativa, pensada para castigar conductas, termine dañando derechos ya comprometidos.
