Fallo judicial y datos sobre la ejecución presupuestaria
Un fallo del juez federal Aurelio Cuello Murúa con asiento en Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional la reparación “inmediata y urgente” de las rutas nacionales 7, 8 y 33, vías que atraviesan el departamento General López y son fundamentales para el tránsito de carga y pasajeros en el sur de la provincia de Santa Fe.
La resolución judicial coincide con una investigación publicada por La Nación, a cargo del periodista Hugo Alconada Mon, que reconstruyó el destino de los recursos del llamado Sistema Vial Integrado (SisVial). Según ese trabajo, durante los dos años y medio de la gestión de Javier Milei se recaudaron $1.503.252 millones para obras viales, pero se ejecutó únicamente una fracción de ese monto.
“La cartera de inversiones financieras del SisVial alcanzaba $1.001.018 millones”, según la documentación citada por La Nación.
Distribución de los recursos
Los registros citados en la investigación indican que, al 31 de mayo, la mayor parte del patrimonio del fideicomiso estaba colocada en activos financieros: $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos. En conjunto, sumaban poco más de $1 billón que no se había aplicado a obras.
| Métrica | Cifra | Observación |
|---|---|---|
| Total recaudado (2,5 años) | $1.503.252 millones | Monto ingresado al SisVial según la investigación |
| Ejecutado en obras | $394.406 millones | Representa el 26,2% del total |
| Colocado en inversiones financieras | $1.001.018 millones | Títulos públicos y plazos fijos |
Impacto local y reclamo judicial
La orden judicial que obliga a la reparación de las rutas 7, 8 y 33 tiene implicancias concretas para la seguridad vial y la economía regional: son corredores principales para el transporte de granos, insumos y la circulación de pasajeros entre localidades del sur santafesino. La falta de mantenimiento de estas vías incrementa los costos logísticos y los riesgos para quienes transitan diariamente.
El fallo llega en un contexto en el que, según la investigación, la ejecución anual de los recursos del SisVial fue desigual: en 2024 se aplicó apenas el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, el 18,5%. En términos acumulados, la ejecución informada equivale al 26,2% y deja sin aplicación el 73,8% restante.
Cuestiones administrativas y financieras
Los documentos citados por La Nación muestran que, por ejemplo, en marzo el fideicomiso destinó $1.090 millones a obras mientras su cartera financiera aumentó en $83.840 millones. Ese dato alimenta cuestionamientos sobre la prioridad dada a la concreción inmediata de obras frente a la colocación de recursos en instrumentos financieros.
- La orden del juez federal reclama medidas urgentes de reparación en rutas que son estratégicas para la región.
- El SisVial, según la investigación, mantiene colocada la mayor parte de su cartera en títulos y plazos fijos en lugar de ejecutar obras.
- La situación genera inquietud entre usuarios viales y cámaras del transporte por el impacto económico y en seguridad.
Qué sigue
El fallo judicial implica que Vialidad Nacional debe presentar plazos y acciones concretas para atender los tramos señalados; sin embargo, la investigación periodística plantea preguntas sobre la disponibilidad efectiva de recursos destinados al mantenimiento y la forma en que se administran. Las consecuencias en el corto plazo dependerán de la implementación de las medidas ordenadas por la Justicia y de eventuales actuaciones administrativas que expliquen la colocación financiera de los fondos.
En una región donde la conectividad por ruta es vital para la producción agropecuaria y el transporte, la tensión entre decisiones financieras centralizadas y necesidades urgentes de obra pública adquiere un carácter tangible: la resolución judicial busca traducir en acciones concretas una demanda que para muchos productores y usuarios es prioritaria.
