El conflicto por el río Atuel volvió a focalizar la atención pública luego de las críticas del exdiputado provincial Jorge Lezcano, quien advirtió que la reciente decisión del Gobierno nacional agrava una injustice histórica para La Pampa: “El Atuel es interprovincial, pero La Pampa se queda con el daño y Mendoza con las regalías”, señaló.
Antecedentes jurídicos y técnicos
Lezcano, que fue presidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales en la Cámara de Diputados provincial entre 2015 y 2019, recordó que la condición interjurisdiccional del Atuel no es una afirmación provincial aislada: “Eso no es una opinión de La Pampa, fue establecido por la Corte Suprema”, sostuvo. Según su relato, la Corte también fijó en una sentencia un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa con el propósito de intentar recomponer el ecosistema afectado; medida que, de acuerdo con Lezcano, “jamás fue respetada”.
Además, mencionó un acuerdo de 1992 entre Nación, Mendoza y La Pampa que fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema, en el cual se contemplaba expresamente el pago de regalías a la provincia pampeana por la explotación de la cuenca y por las obras vinculadas a Los Nihuiles.
La decisión reciente y sus efectos
De acuerdo con Lezcano, la medida adoptada ahora por la administración nacional bajo el presidente Javier Milei “profundiza la situación de injusticia para La Pampa”. Señaló que, históricamente, el Estado nacional reconocía la participación de La Pampa en las regalías provenientes de Los Nihuiles, mientras que el decreto reciente —según su interpretación— implica que la provincia deje de recibir esas compensaciones.
“Durante más de cincuenta años, el Estado Nacional reconoció la participación de La Pampa en las regalías de Los Nihuiles. Hoy, mediante un decreto, el Gobierno Nacional decide que La Pampa no reciba absolutamente nada”.
Dimensión política y territorial
Lezcano puso el énfasis en que la discusión trasciende el aspecto económico: “Es una cuestión de soberanía provincial”, afirmó. Señaló que la controversia no puede reducirse a una disputa por fondos y recordó su trayectoria en las distintas instancias de negociación, acompañando a la provincia en reuniones con el Ministerio del Interior y en la audiencia pública ante la Corte Suprema.
- Interjurisdiccionalidad: La Corte Suprema definió el carácter interprovincial del Atuel.
- Caudal mínimo: Sentencia que fijó 3,2 m3/s en el límite Mendoza–La Pampa (según lo relatado por Lezcano).
- Acuerdo de 1992: Previó regalías para La Pampa por explotación en Los Nihuiles y fue homologado por la Corte.
Impactos locales y reclamos
El planteo de Lezcano rescata dos impactos que suelen señalarse en La Pampa: la degradación ambiental y la pérdida de ingresos vinculada a las regalías. En su exposición pública, el exlegislador insistió en que La Pampa continúa soportando los efectos ambientales del manejo del río sin recibir los beneficios económicos que, a su criterio, corresponderían por acuerdos previos y por la propia jurisprudencia.
Datos resumidos
| Aspecto | Referencia |
|---|---|
| Caudal mínimo fijado por la Corte | 3,2 m3/s (límite Mendoza–La Pampa) |
| Acuerdo que contempló regalías | 1992, homologado por la Corte Suprema |
| Reclamo actual | Decisión del Gobierno nacional que, según el exfuncionario, deja a La Pampa sin regalías |
El relato de Lezcano remite a una larga historia de litigios y negociaciones que involucran a provincias, al Estado nacional y al máximo tribunal. Su crítica se concentra en que las decisiones administrativas recientes no solo modifican la distribución de ingresos, sino que consolidan un patrón en el que la provincia recibe las consecuencias ambientales y no las compensaciones económicas que, según su lectura, estaban previstas.
En los próximos días, la controversia podría derivar en nuevos pedidos de informes, iniciativas parlamentarias o medidas administrativas por parte de la provincia. Mientras tanto, la discusión mantiene en tensión los reclamos por el manejo del recurso hídrico y la interpretación de acuerdos y fallos que, décadas atrás, intentaron regular una problemática que persiste.
