El interbloque que lidera José Mayans puso en marcha una estrategia destinada a quebrar el respaldo de los bloques provinciales que hoy acompañan al oficialismo y que podrían validar en el Senado un proyecto que elimina subsidios residenciales al gas. La maniobra opositor busca repetir la táctica que semanas atrás permitió erosionar iniciativas estructurales del Ejecutivo apelando al impacto local de las tarifas, según la estrategia que circula en despachos parlamentarios.
Una negociación a contrarreloj
La iniciativa del Gobierno, que ya obtuvo media sanción en Diputados, llegó al Senado con dictamen de mayoría en comisiones y las firmas necesarias para avanzar. Pero en los pasillos del Congreso el peronismo confía en forzar cambios apelando al costo político que tendría para varios senadores votar a favor de un recorte tarifario que, según los cálculos oficiales, afectará de manera inmediata a provincias clave.
La apuesta del interbloque presidido por Mayans se concentra en los legisladores que responden a gobernadores de distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. En esos territorios, sostienen en la oposición, el impacto del recorte en la tarifa residencial será visible en el corto plazo y podría traducirse en un rechazo en las urnas.
Los argumentos enfrentados
El oficialismo defiende la reforma energética con el argumento de que la eliminación de subsidios generales es necesaria para lograr equilibrio fiscal y asegurar la sostenibilidad del mercado mayorista de gas. Según las cifras presentadas por funcionarios del área económica en el Congreso, la quita de subsidios permitiría un ahorro anual superior a $272.000 millones.
La oposición, en cambio, enfatiza otra arista del proyecto: un artículo que condona deudas multimillonarias a las empresas distribuidoras que operan con Cammesa. Ese punto —sostienen legisladores del peronismo— exhibe una contradicción política y técnica: mientras se recortan beneficios a usuarios residenciales, se premiaría la ineficiencia empresarial.
- El proyecto busca concentrar el beneficio pleno de los subsidios en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna salteña.
- Más de 1,5 millón de usuarios en provincias centrales quedarían excluidos del beneficio, según el texto que llegó al Senado.
- El Gobierno estima un ahorro anual superior a $272.000 millones si se implementa la quita general de subsidios.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Ahorro anual estimado | $272.000 millones |
| Regiones con beneficio pleno | Patagonia; Malargüe (Mendoza); Puna (Salta) |
| Usuarios excluidos | Más de 1,5 millón en provincias centrales |
Impacto político y tácticas parlamentarias
En los despachos opositores confían en que la presión sobre los senadores provinciales, que habitualmente negocian apoyos del oficialismo a cambio de obras o fondos para sus distritos, obligará a revisar posiciones. La estrategia incluye apelar a la opinión pública local y exhibir ante electores el efecto directo del ajuste en las facturas domiciliarias.
La controversia en comisiones ya dejó escenas de fuerte confrontación. Legisladores opositores señalaron que la condonación de deudas a las distribuidoras es una ventaja que beneficia “a las empresas” mientras se impone un ajuste sobre los hogares. Ese mensaje alimenta la campaña para tentar a senadores dialoguistas a no acompañar en la sesión prevista para la próxima semana.
Del otro lado, el oficialismo insiste en la necesidad de revisar el esquema de subsidios por su impacto fiscal y por la distorsión que, según sus argumentos, genera en la asignación de recursos y en la competitividad del mercado energético.
El resultado de las próximas horas en el Senado definirá si el proyecto avanza tal como fue aprobado en Diputados o si la ofensiva del interbloque de Mayans consigue fracturar la alianza provincial que hasta ahora permitió a la Casa Rosada sostener su mayoría en algunas votaciones clave.
