Buenos Aires — Una ampliación de denuncia penal por el manejo del fideicomiso vial SISVIAL asociada al Poder Ejecutivo nacional puso el foco sobre desembolsos dirigidos a Santa Cruz y su posible relación con votaciones de legisladores alineados con el gobernador Claudio Vidal. La presentación, firmada por la diputada nacional Marcela Pagano, quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.
Alcance de la presentación
Según consta en la ampliación incorporada al expediente, la denuncia analiza 1.077 operaciones de pago realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, que se cotejaron con el calendario de 35 votaciones legislativas. El objetivo, precisó la causa, es determinar si los desembolsos estuvieron sujetos a instrucciones o autorizaciones de funcionarios nacionales con la finalidad de condicionar apoyos en el Congreso, y si esos fondos fueron retenidos o liberados para ese fin.
La acción judicial está dirigida a establecer responsabilidades de quienes habrían instruido o autorizado los pagos. En la presentación se puntualiza que la coincidencia temporal entre una transferencia y una sesión legislativa no constituye por sí sola prueba de un acuerdo ilícito, y que por el momento Claudio Vidal no fue informado como imputado.
Los episodios que motivan el cuestionamiento
El expediente señala dos pagos que concentran la atención por haber tenido como destinataria, en parte, a la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz y por corresponder a votos de dirigentes del mismo espacio político de Vidal.
| Fecha | Monto | Destino | Contexto legislativo |
|---|---|---|---|
| 21 de marzo de 2025 | $6.596 millones (liberados) | Beneficiarios de Santa Cruz; principal transferencia a AGVP por $3.885 millones | Dos días después de la aprobación en Diputados del decreto que habilitó el acuerdo con el FMI (19/03/2025) |
| 19 de mayo de 2026 | $2.104 millones | Transferencia a la AGVP | Coincidencia temporal con votaciones analizadas en la presentación |
En el primer caso, la ampliación de la denuncia detalla que del total de $6.596 millones liberados el 21 de marzo de 2025, el 99% se concentró en beneficiarios de Santa Cruz y que el pago principal —$3.885 millones— fue transferido directamente a la vialidad provincial. Ese movimiento sucedió dos días después de la votación en la Cámara de Diputados que aprobó el decreto relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el 19 de marzo de 2025.
“Premio a las 48 horas”, denominó Pagano a la secuencia, según consta en la ampliación del expediente.
Actores y votos señalados
La presentación alude a la conducta de legisladores de la provincia. En la votación del 19 de marzo de 2025 sobre el decreto referido al FMI, el diputado José Luis Garrido, del bloque Por Santa Cruz, acompañó al Gobierno nacional, mientras que Sergio Acevedo, integrante del mismo bloque y también vinculado políticamente con Vidal, votó en contra. La denuncia usa esas votaciones como referencias temporales para el análisis comparativo con los desembolsos realizados por SISVIAL.
Lo que la denuncia solicita y el margen probatorio
Pagano pidió que el juzgado determine si existieron instrucciones para condicionar pagos y si funcionarios nacionales actuaron con la intención de obtener apoyos legislativos. La presentación recurre a la superposición temporal entre transferencias y sesiones, pero reconoce que esa correlación requiere prueba contable y documental adicional para acreditar cualquier ilicitud.
En términos procesales, la investigación exigirá peritajes y acceso a documentación bancaria y administrativa que permita seguir la traza de los fondos del fideicomiso y las decisiones administrativas vinculadas a cada liberación.
Relevancia política y local
El caso supone un cruce entre la gestión de fondos nacionales destinados a infraestructura vial y la dinámica de alianzas legislativas que afectan a Santa Cruz. Para la provincia, además del aspecto político, está en juego el destino de recursos de obra pública que impactan en la gestión provincial y en contratistas locales.
- La denuncia abarca 1.077 pagos entre enero de 2024 y mayo de 2026.
- Se compararon esos pagos con 35 votaciones legislativas para buscar coincidencias temporales.
- Dos transferencias de montos relevantes involucraron a la Administración General de Vialidad Provincial.
El juzgado federal deberá ahora decidir las medidas de prueba a ordenar y la eventual imputación de funcionarios. Hasta el momento, la presentación se limita a peticionar la investigación y el esclarecimiento de las coincidencias detectadas, sin que haya, por ahora, procesamientos formales vinculados a Vidal en el expediente.
