Sabrina Viñales, concejal del interbloque oficialista, advirtió este martes sobre un agravamiento de la situación socioeconómica que, dijo, se traduce en un incremento sostenido de las demandas de asistencia básica y en fallas en la atención por parte del PAMI.
Reclamos por demoras y falta de cobertura
En el marco de una comisión ampliada del Concejo Deliberante, la edil describió un panorama en el que crecieron las solicitudes de medicamentos, alimentos y otros insumos. Viñales señaló que observan “personas que llevan más de seis meses esperando” para la entrega de prótesis y advirtió sobre la quita de cobertura en algunos medicamentos.
“No creo que la discusión sea por las elecciones del año que viene, sino porque la situación social y económica se agudiza cada vez más. Vemos una cantidad de gente en situación desesperante, muchos buscando en los contenedores de basura o esperando que cierren locales de comida”, dijo la concejal.
La denuncia que motivó el expediente en la comisión se originó a partir de intervenciones en la Banca Participativa y de informes remitidos por una clínica local, que indicó que el 70% de su nómina de pacientes corresponde a afiliados del instituto nacional de la seguridad social.
Impacto en la atención y en la acción de los concejales
Viñales relató que, frente a la falta de cobertura o a demoras, los concejales muchas veces terminan asumiendo gastos personales para atender situaciones urgentes: “Muchas veces, en la medida de lo posible, terminamos pagando remedios de nuestro propio bolsillo en las farmacias al ver que a los jubilados no les alcanza y tienen que elegir qué medicamento llevar y cuál no”, explicó.
El episodio plantea una tensión entre la gestión local de la asistencia social y la operatoria de un organismo nacional que es central para los jubilados y pensionados. En la comisión se cuestionó también la capacidad de respuesta de la red sanitaria local frente a la concentración de afiliados del PAMI entre sus pacientes.
- Aumento de consultas y pedidos de asistencia alimentaria y medicamentos.
- Denuncias de demoras de hasta seis meses en la entrega de prótesis.
- Informes de una clínica local que señalan que el 70% de sus pacientes son afiliados al PAMI.
- Situaciones en las que concejales cubren gastos de remedios con fondos propios.
Contexto y posibles consecuencias políticas
El reclamo llega en un contexto en que las demandas por acceso a medicamentos y prestaciones de salud son un tema sensible para el electorado mayor. Aunque la intervención provino de un distrito local, los señalamientos alcanzan a un organismo federal —el PAMI— y podrían alimentar la discusión pública sobre la prestación de servicios a la población pasiva.
Si las demoras y la pérdida de cobertura se confirman de manera sistemática, el escenario puede derivar en reclamos formales ante autoridades provinciales y nacionales, además de exponer a la gestión del instituto a requerimientos por mayor transparencia y seguimiento de trámites médicos y provisión de insumos.
Los elementos acreditados en la comisión —informes clínicos sobre la composición de la demanda de pacientes y testimonios de vecinos en la Banca Participativa— muestran al menos dos coordenadas: por un lado, una creciente presión sobre los dispositivos locales de atención y, por otro, la percepción de que la operatoria del PAMI no está respondiendo con celeridad a prestaciones que la población considera urgentes.
| Concepto | Dato reportado |
|---|---|
| Demora en entrega de prótesis | Hasta 6 meses |
| Porcentaje de pacientes afiliados al PAMI en clínica local | 70% |
La edil insistió en que la tensión en el recinto es consecuencia del agravamiento real de la situación social y económica y no, dijo, de un cálculo electoral. Sus declaraciones plantean un foco de debate que, por involucrar prestaciones a jubilados, podría trasladarse a la agenda de la provincia y del propio PAMI en el corto plazo.
