La investigación por la mansión de Pilar, vinculada a la compra atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la AFA, volvió a entrar en la órbita judicial de Campana. Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el expediente por presunto lavado de activos debe tramitarse en la justicia federal criminal y correccional, y ordenó su envío al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.
Decisión de Casación y argumentos
La Sala I de Casación, con los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky en mayoría, sostuvo que el delito investigado corresponde al fuero federal y que la causa no debía permanecer en el fuero Penal Económico. El voto en disidencia correspondió al camarista Alejandro Slokar. Casación dispuso que las actuaciones pasen por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que sean remitidas “sin dilaciones” al juzgado de Campana.
Qué se investiga y quiénes están señalados
El expediente se originó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra la sociedad Real Central. En la causa figuran como imputados Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados por la Justicia como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La propiedad en cuestión está en Villa Rosa, Pilar y la compra fue por un monto informado de 17 millones de dólares, operación que, según la pesquisa, no estaría respaldada por ingresos declarados de los imputados.
“El lavado de activos es de competencia estrictamente federal”, destacaron los jueces de la mayoría al fundamentar la resolución.
Antecedentes procesales y medidas ya tomadas
El expediente acumuló varias mudanzas dentro del mapa judicial: comenzó en Comodoro Py, pasó por el juzgado de Campana, volvió al fuero Penal Económico y ahora emprende el camino inverso. Durante la instrucción previa en Campana, el juez González Charvay ordenó allanamientos en la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza, y dispuso un peritaje contable para analizar si fondos de la entidad pudieron haber sido desviados para la compra de la propiedad.
- Origen de la denuncia: diciembre de 2025 contra Real Central.
- Imputados principales: Luciano Pantano y Ana Conte.
- Propiedad: vivienda en Villa Rosa, Pilar; monto denunciado: 17 millones de dólares.
- Medidas reclamadas: allanamientos en AFA y peritaje contable.
Posibles pasos procesales
La decisión de Casación no agota la vía judicial: la resolución todavía puede ser objeto de apelación ante la Corte Suprema si la fiscalía de Casación, representada por Mario Villar, decide insistir con que el expediente quede en el fuero Penal Económico. En la etapa anterior, Villar había argumentado que la causa excede el ámbito local porque incluye hechos que se habrían originado en la Ciudad de Buenos Aires.
| Actor | Rol | Situación |
|---|---|---|
| Adrián González Charvay | Juez federal de Campana | Recibirá el expediente según Casación |
| Mario Villar | Fiscal | Se opuso a la vuelta a Campana; puede apelar |
| Luciano Pantano y Ana Conte | Imputados | Se los señala como presuntos testaferros |
En la práctica, la resolución reaviva el foco judicial que ya tuvo su epicentro en Campana cuando se hicieron las primeras medidas investigativas. Para el barrio —y para la ciudad donde ahora volverá a tramitarse la causa— significa que las decisiones sobre nuevas diligencias, prisiones, citaciones y peritajes dependerán otra vez del juzgado local, con la velocidad y recursos procesales que ello comporte.
Desde la sede del juzgado en Campana se esperará ahora la remisión formal del expediente por parte de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Mientras tanto, la disputa entre fueros continúa abierta, con la posibilidad de que la última palabra la tenga la Corte Suprema si alguna de las partes eleva el caso.
La investigación sigue en curso y, por ahora, lo que queda claro es que las fronteras jurisdiccionales definirán el ritmo y el alcance de una pesquisa que involucra a la AFA, cifras millonarias y a figuras con conexiones en distintos distritos del país.
