El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó este viernes la estrategia del Gobierno frente al incremento sostenido de la morosidad hasta mayo y rechazó la instrumentación de planes estatales de rescate para deudores, al considerar que el endeudamiento de las familias es "un problema entre privados".
Postura oficial y argumento fiscal
Durante una conferencia de prensa, Caputo sostuvo que utilizar recursos públicos para compensar a deudores o a las entidades que los financiaron implicaría un perjuicio para los contribuyentes. El ministro fundamentó la decisión en el deber del Estado de administrar los fondos de quienes pagan impuestos y evitar transferencias que, a su juicio, beneficiarían a los bancos por créditos concedidos en condiciones cuestionables.
"Separemos la empatía de la política pública"
La frase resumió la línea del Ministerio de Economía: reconocer el impacto social del aumento de las deudas sin, sin embargo, convertir esa percepción en medidas que requieran financiamiento del Estado.
Diálogo con la banca y mecanismos de alivio
Aunque descartó rescates con recursos fiscales, el ministro afirmó que el equipo económico anticipó el deterioro y mantuvo negociaciones con las entidades financieras para promover mecanismos de flexibilización. Según Caputo, las entidades acordaron ofrecer refinanciaciones a tres años con tasas que, en su exposición, se ubican entre el 20% y el 25%.
- El Gobierno sostiene que la alternativa es facilitar acuerdos entre deudores y prestadores privados.
- Las refinanciaciones pactadas se extenderían a plazos de hasta tres años.
- El impacto de estas medidas en los indicadores de morosidad, dijo el ministro, se verá de forma progresiva.
Tasas en billeteras virtuales y límites de la intervención estatal
Caputo denunció como "abusivas" las tasas que cobran algunas billeteras virtuales en préstamos de corto plazo. Indicó que en ciertos casos los Costos Financieros Totales Efectivos Anuales (CFTEA) llegan a niveles muy elevados y citó ejemplos de entre el 400% y el 700% anual. Pese a la crítica, remarcó la ausencia de una intervención directa del Estado, por considerar que se trata de operaciones entre privados y que no hay un instrumento público dispuesto a regularlas de modo inmediato.
| Concepto | Referencia |
|---|---|
| Plazo de refinanciaciones acordadas | 3 años |
| Tasas de refinanciación señaladas | 20%–25% |
| CFTEA en billeteras virtuales (ejemplos citados) | 400%–700% |
El ministro subrayó que no corresponde al Estado corregir condiciones contractuales entre particulares y añadió que, desde su mirada, algunas prácticas de mercado terminarán por resultar insostenibles para los propios prestadores.
Implicancias políticas y económicas
La explicación pública de Caputo adopta un doble propósito: por un lado, blindar la decisión del Ejecutivo frente a críticas por no proteger a hogares vulnerables; por otro, poner el énfasis en la responsabilidad de los actores privados —bancos y plataformas de crédito— para ofrecer alternativas de reestructuración. El argumento fiscal pretende también cerrar el paso a reclamos por transferencias directas de recursos que, según el funcionario, afectarían a los contribuyentes.
Fuera de la conferencia, la posición del Ministerio de Economía plantea interrogantes sobre la regulación futura del sector de préstamos digitales y sobre la capacidad real de que las refinanciaciones privadas atenúen la presión sobre el stock de morosos. El Gobierno anticipó que el efecto de las medidas acordadas con la banca se reflejará de forma gradual en los indicadores oficiales.
Los datos de morosidad hasta mayo, y la dinámica de las tasas en los distintos segmentos del crédito, serán parámetros clave para evaluar si el esquema propuesto por el Ejecutivo —apoyado en acuerdos voluntarios con entidades financieras— es suficiente para contener un problema que ya figura como prioridad en la agenda económica y social.
