La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se pronunció en contra de someter a juicio político a las magistradas que dictaron fallos para frenar la aplicación del régimen penal juvenil, a pesar de expresar su rechazo a las decisiones judiciales. La afirmación fue realizada durante su intervención en un Congreso Anticorrupción celebrado este miércoles en el Automóvil Club Argentino (ACA), y fue consignada por LA NACION.
Distinción entre el fallo y la sanción política
Bullrich sostuvo que no corresponde iniciar un jury por una sentencia y planteó que los mecanismos de revisión de la propia Justicia son los que deben actuar sobre las decisiones judiciales. En su exposición afirmó que la política debe «ordenar» pero no convertir las sentencias en motivo directo para perseguir políticamente a magistrados:
“¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no”
La dirigente, que fue ministra de Seguridad, agregó que comparte el rechazo a los fallos: “Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil”, frase que generó aplausos en el auditorio. No obstante, Bullrich subrayó que si una Cámara revoca una decisión, esa segunda instancia judicial ya actúa como corrección del primer fallo.
Los fallos en cuestión
Las fallos apuntados son los de las juezas Marta Pascual, de Lomas de Zamora, y Laura Beatriz De Marinis, de la Ciudad de Buenos Aires. Pascual dictó una medida cautelar para frenar la aplicación general de la ley que reduce de 16 a 14 años el umbral penal en la provincia de Buenos Aires, y esa cautelar fue revocada por la Cámara. De Marinis declaró la inconstitucionalidad de la baja en un caso concreto, y su fallo está apelado, según el repaso realizado en la cobertura citada.
| Magistrada | Tribunal | Decisión | Estado |
|---|---|---|---|
| Marta Pascual | Lomas de Zamora | Cautelar que frenó la aplicación general | Revocada por la Cámara |
| Laura Beatriz De Marinis | Ciudad de Buenos Aires | Declaró la inconstitucionalidad en un caso concreto | Apelada |
Presión política y riesgos institucionales
El rechazo de Bullrich a la iniciativa de promover jurados contra las magistradas marca una distancia respecto de sectores de su propio espacio y de la oposición que impulsaron la idea. En los últimos días, dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro habían presionado para evaluar la posibilidad de iniciar procedimientos disciplinarios contra las juezas por sus resoluciones sobre la ley penal juvenil.
Durante su intervención, Bullrich recordó el precedente en el caso de la jueza Pascual, en el que la Cámara revocó la cautelar, y sostuvo que lo mismo debería esperarse para la jueza De Marinis. Con esa argumentación, planteó que es preferible dejar que la litigiosidad y las instancias de revisión judicial completen el trámite antes de avanzar con mecanismos políticos sancionatorios.
- Actor principal: Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
- Objeto del debate: posibles juicios políticos contra magistradas que frenaron la vigencia del régimen penal juvenil.
- Situación judicial: la cautelar de Pascual fue revocada por la Cámara; el fallo de De Marinis está apelado.
La discusión expone el cruce entre una demanda pública por mayor respuesta penal y los límites institucionales para responder a decisiones judiciales. La postura de Bullrich introduce en el debate una posición que distingue entre el desacuerdo político con una sentencia y la conveniencia de emplear instrumentos políticos para sancionar a jueces, un punto que podría condicionar próximos pasos tanto en el Parlamento como en el ámbito judicial.
La situación seguirá siendo monitoreada por los bloques opositores y por la propia Justicia, que dispone de vías de revisión y apelación previstas por el ordenamiento procesal.
