El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia, Carlos Banacloy, responsabilizó con dureza al diputado nacional Aníbal Tortoriello y al senador Enzo Fullone por oponerse al traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial, un proceso que según el funcionario busca recuperar corredores viales “fundamentales” para Río Negro.
Crítica por omisión y ahora por obstrucción
Banacloy sostuvo que ambos dirigentes habían sido indiferentes durante años ante el deterioro de esas rutas y que, cuando la Provincia decidió asumir la responsabilidad para resolver la situación, “les ponen palos en la rueda”. En su visión, el silencio anterior y las actuales objeciones perjudican a los rionegrinos que conviven con “rutas destruidas, accidentes, mayores costos para nuestra producción y enormes dificultades para trasladarnos”.
“Nunca defendieron los intereses de Río Negro cuando había que reclamar por el estado de las rutas y ahora, cuando la Provincia busca una solución, le ponen palos en la rueda.”
El ministro recordó además roles previos ocupados por los dos dirigentes: señaló que Fullone estuvo al frente del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional y que Tortoriello ostenta una banca en el Congreso nacional. A partir de esa trayectoria, Banacloy planteó que ambos tuvieron “responsabilidades y oportunidades concretas” para gestionar inversiones y mejoras en las rutas.
El traspaso y sus obstáculos
Según la posición provincial, Río Negro está dispuesta a asumir la administración de los corredores, aportar recursos y ejecutar obras para su recuperación. Sin embargo, Banacloy advirtió que no aceptarán recibir “rutas destruidas, contratos nacionales abiertos y asumir obligaciones que todavía debe resolver el Estado Nacional”.
Uno de los puntos centrales de la negociación, indicó el ministro, son los contratos que permanecen abiertos sobre distintos tramos de las trazas, un aspecto que complica el acto formal de transferencia y condiciona la toma de responsabilidad por parte de la Provincia.
| Ruta | Problema señalado |
|---|---|
| RN 22 | Deterioro, accidentes y contratos abiertos que impiden una transferencia limpia |
| RN 151 | Situación similar: necesidad de inversión y tramos con contratos vigentes |
Impacto regional
Banacloy vinculó el estado de las rutas con costos adicionales para la producción local y problemas de conectividad que afectan a quienes transitan diariamente por esos corredores. La decisión provincial de avanzar con el traspaso se presenta, según el funcionario, como una respuesta para acelerar obras y mantenimiento frente a lo que considera una demora por parte del Estado nacional.
El cruce público entre el Gobierno provincial y los representantes nacionales destaca además la tensión política sobre competencias y recursos vinculados a infraestructura. En este marco, la discusión no es sólo técnica (contratos, actas, responsabilidades) sino también política: quién asume costos y gestiona las obras decisivas para el tránsito y la economía local.
- Reclamo clave: La Provincia busca recuperar el control operativo de dos corredores para agilizar intervenciones.
- Obstáculo principal: Existencia de contratos nacionales abiertos sobre tramos de ambas rutas.
- Cuestión política: Banacloy responsabiliza a dirigentes que tuvieron cargos relevantes para exigirles explicaciones públicas.
La nota del ministro se suma a un debate más amplio sobre la gestión de la red vial nacional en jurisdicciones con fuerte presencia agroindustrial y productiva, donde la falta de mantenimiento se traduce en pérdidas económicas y riesgos para la seguridad vial.
Hasta el momento no se consignan en el parte oficial medidas concretas ni un cronograma detallado para la firma de las actas de transferencia; Banacloy enfatizó la voluntad provincial de avanzar “rápido” en las mismas siempre que se resuelvan las cuestiones pendientes relacionadas con los contratos y las obligaciones previas del Estado nacional.
El enfrentamiento público entre el Ejecutivo provincial y los representantes nacionales plantea un escenario de negociación tensa en el que la definición sobre la titularidad administrativa y la disposición de fondos resultará determinante para la reparación y conservación de los corredores.