El Senado de la Nación sancionó la reforma del Régimen de Zona Fría con 38 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, en una sesión marcada por la ausencia de buena parte de la bancada opositora y la retirada de varios legisladores patagónicos antes del inicio del debate, según consignaron los despachos oficiales.
Desarrollo parlamentario y ausencias
Antes del tratamiento, el senador santacruceño José María Carambia pidió una moción para un cuarto intermedio con la intención de suspender la sesión, pero el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, hizo lugar a los 15 minutos reglamentarios, constató el quórum y dio inicio al debate por orden de Patricia Bullrich.
La jornada parlamentaria estuvo signada por la retirada del interbloque Popular y de varios representantes de la Patagonia, que abandonaron las bancas antes de la votación. Fuentes parlamentarias consignaron que la norma avanzó como parte de un acuerdo entre la Casa Rosada y gobernadores del Norte.
Negociación política
El avance del proyecto se inscribió en negociaciones que, según los reportes oficiales, fueron conducidas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Ambos funcionarios habrían asegurado apoyos a cambio de futuras compensaciones tarifarias dirigidas a las denominadas «zonas cálidas».
Qué modifica la ley
La iniciativa reformó en forma profunda los criterios para otorgar subsidios al gas en el servicio residencial. En concreto, la nueva norma revierte la expansión territorial que había impulsado el kirchnerismo en 2021 y establece condiciones más restrictivas para mantener la tarifa diferenciada en las áreas que habían sido anexadas desde entonces.
Los beneficios se mantendrán de forma general para las zonas que originalmente integraban el régimen —entre ellas la Patagonia completa, la localidad de Malargüe y la Puna—, pero las incorporaciones posteriores conservarán el trato sólo por motivos sociales o por nivel de ingreso.
Criterios sociales y umbrales
El texto aprobado define que podrán mantener la tarifa diferenciada las familias cuyos ingresos no superen el valor de tres canastas básicas, cifra que los informes parlamentarios ubican poco por encima de $4.700.000. Ese resguardo también alcanzará a personas con discapacidad y a veteranos de la guerra de Malvinas.
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Votación | 38 a favor / 8 en contra / 0 abstenciones |
| Zonas que mantienen beneficios | Patagonia completa, Malargüe y la Puna |
| Provincias más afectadas por la quita en zonas anexadas | Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza |
Impacto territorial y social
Los cambios implican que numerosas viviendas ubicadas en las provincias del centro-norte del país que habían obtenido la tarifa diferencial durante la ampliación de 2021 quedarán ahora condicionadas a demostrar vulnerabilidad económica o situaciones especiales para conservar el beneficio. En la práctica, esa restricción podría modificar los montos facturados a usuarios residenciales en municipios y ciudades de esas provincias.
En la Patagonia y, por ende, en jurisdicciones como Río Negro, la norma mantiene el esquema diferencial previsto originalmente, por lo que los hogares de la región conservarán el trato tarifario que ya venían recibiendo, según lo informado por las fuentes parlamentarias.
Reacciones y próximos pasos
La sesión y el resultado muestran una fragmentación de apoyos dentro del peronismo y aliados, y la oposición parlamentaria evidenció disconformidad con la forma y el fondo del trámite, incluida la retirada de bancadas antes del debate. Ahora la norma sancionada deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para definir los procedimientos administrativos que aplicarán los criterios sociales y de ingresos.
- Voto: 38 a favor, 8 en contra, 0 abstenciones.
- Ámbito de conservación: Patagonia completa, Malargüe y la Puna mantienen beneficios.
- Condición para anexados: beneficio sólo por situación social o ingreso (hasta tres canastas básicas).
La sanción reabre el debate sobre la política tarifaria energética y su regionalización en Argentina, y anticipa futuras negociaciones entre la Casa Rosada y gobiernos provinciales para fijar compensaciones que alivien el impacto en zonas consideradas «cálidas» por los acuerdos administrativos citados en el expediente.
