En una sesión que marca un giro en la fiscalización del poder local, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la noche del 25 de septiembre una reforma a la Constitución Política del Estado para eliminar la figura del fuero —la declaratoria de procedencia— aplicable a presidentes municipales, sindicaturas e integrantes de concejos municipales.
Qué aprobó la Legislatura
La modificación recayó sobre el primer párrafo del Artículo 78 de la Carta Magna estatal. Con ello se suprime el requisito de que el Congreso emita previamente una declaratoria de procedencia para que las autoridades municipales puedan ser procesadas penalmente. El dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales obtuvo una votación de 38 a favor, 9 en contra y 1 abstención.
La iniciativa que dio origen a la reforma fue presentada el 17 de septiembre por la gobernadora Rocío Nahle García.
El documento que avaló la reforma fue elaborado por la comisión presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, con Carlos Marcelo Ruiz Sánchez como presidente y Diego Castañeda Aburto como secretario —integrantes que registran el dictamen como producto de la instancia legislativa correspondiente—.
Motivos y alcance
Legisladores que respaldaron la reforma señalaron que la figura de la declaratoria de procedencia podía convertirse en un obstáculo para la investigación y persecución de delitos cometidos por autoridades municipales, al requerir un trámite político previo que retardaba o impedía la actuación de las autoridades judiciales. En el debate, la bancada de Morena y sus aliados insistieron en que ejercer un cargo público no debe otorgar privilegios frente a la ley.
- Ámbito: Presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y sindicaturas.
- Votación: 38 a favor, 9 en contra, 1 abstención.
- Iniciativa: Presentada por la gobernadora Rocío Nahle García el 17 de septiembre.
Comparación con otras entidades y críticas
En el debate se recordó que Veracruz se suma a estados como Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, donde las autoridades municipales tampoco están comprendidas en el catálogo de servidores públicos sujetos a declaratoria de procedencia. La fracción del Partido Verde Ecologista (PVEM) celebró que el cargo municipal no sea una protección frente a la investigación penal, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó que la reforma alcance únicamente a autoridades municipales y planteó que la figura podría perfeccionarse para mayor transparencia y rigor.
Los opositores apuntaron además que la eliminación del fuero constitucional para ciertos servidores públicos ha sido tema recurrente en agendas tanto de gobiernos como de oposiciones, por lo que cuestionaron el alcance y la selectividad de la medida.
Consecuencias prácticas en Veracruz
Si bien la reforma no sustituye las atribuciones de la Fiscalía ni de los órganos jurisdiccionales, en el plano local implica que las investigaciones penales contra presidentes municipales, síndicos e integrantes de concejos podrán seguir su cauce sin el trámite previo de desafuero ante el Legislativo. Esto puede acelerar procesos, habilitar la actuación de jueces y ministerios públicos y, en la práctica, cambiar la dinámica de responsabilidad en los gobiernos municipales de todo el estado.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Votos a favor | 38 |
| Votos en contra | 9 |
| Abstenciones | 1 |
Para Veracruz, puerto y planicies, la medida abre una nueva etapa en la relación entre el ejercicio del gobierno local y la procuración de justicia. Habrá que observar cómo traducen las instancias judiciales y la propia Fiscalía General del Estado la eliminación de ese requisito constitucional en términos de agilización de carpetas de investigación y, sobre todo, en la protección efectiva de la ley frente a presuntos actos de corrupción o delitos cometidos por autoridades municipales.
Desde esta esquina jarocha seguiré la evolución de las carpetas abiertas, las medidas cautelares que soliciten las partes y, por supuesto, el efecto político que esta reforma tenga en los ayuntamientos del estado, donde la cercanía con la ciudadanía exige responsabilidad y transparencia.
