Cambio constitucional que busca agilizar indagatorias
En una sesión que modifica la relación entre el Poder Legislativo y los municipios, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la reforma para eliminar el fuero de alcaldes, síndicos y titulares de concejos municipales. La iniciativa, promovida por la gobernadora Rocío Nahle, suprime la exigencia de la llamada "declaración de procedencia" como requisito previo para que la Fiscalía pueda iniciar y continuar investigaciones penales contra quienes ocupan dichos cargos.
La votación en el pleno quedó en 38 legisladores a favor, 9 en contra y 1 abstención. La modificación recae en el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado, con el propósito declarado de que una investigación penal contra un presidente municipal no deba pasar primero por el Poder Legislativo.
Antecedentes y razones dadas por el Ejecutivo
La gobernadora presentó la propuesta argumentando que
"un cargo de elección popular no debe convertirse en una protección personal frente a la justicia"y que la eliminación del fuero busca cerrar un espacio que, en la práctica, ha servido para retrasar pesquisas y otorgar tiempo para que personas señaladas puedan sustraerse de la acción de las autoridades.
Ese razonamiento tomó fuerza por hechos recientes en el estado: según el propio expediente legislativo y comunicados oficiales, tres presidentes municipales han sido reportados como no localizados o prófugos en fechas recientes. Se trata de:
- Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván (Movimiento Ciudadano).
- Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste (Movimiento Ciudadano).
- Isaac García Álvarez, presidente municipal de Coahuitlán (PRI).
En los casos de Bravo Montero y González Martínez, el Congreso tuvo que llevar a cabo los procedimientos de declaración de procedencia para retirarles la protección constitucional y permitir que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado avanzaran; posteriormente, ambos fueron reportados como prófugos o no localizados, según la misma documentación.
Un caso señalado por la Fiscalía que abonó al debate
Respecto a Isaac García Álvarez, la Fiscalía estatal lo requirió para comparecer en una investigación vinculada a hechos ocurridos durante una festividad patronal en Chumatlán, en los que cuatro personas resultaron heridas. Ese expediente fue esgrimido en la discusión como ejemplo de cómo el trámite legislativo puede demorar acciones ministeriales.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Votación en el Congreso | 38 a favor / 9 en contra / 1 abstención |
| Artículo modificado | Primer párrafo del artículo 78 de la Constitución estatal |
| Municipios con presidentes señalados | Úrsulo Galván, Ixhuatlán del Sureste, Coahuitlán |
Posibles efectos locales
Para la ciudadanía veracruzana, la reforma implica que las investigaciones penales contra autoridades municipales podrán, en teoría, avanzar sin el trámite previo de autorización legislativa. Entre las consecuencias más inmediatas se anticipan:
- Agilización de indagatorias que antes requerían la declaración de procedencia por parte del Congreso.
- Reducción de ventanas de tiempo que podrían permitir a personas señaladas evadir a la justicia.
- Un mayor escrutinio público y judicial sobre el actuar de los gobiernos municipales.
Queda claro que la reforma apunta a que la acción de la justicia no se vea supeditada a tiempos políticos. La mandataria ha enfatizado que la medida debe aplicarse sin distinción partidista, argumento que impulsó la iniciativa en el pleno legislativo.
En las calles y plazas de la ciudad de Veracruz se percibe interés por los alcances prácticos de este cambio: ciudadanos y actores locales estarán atentos a cómo operará la coordinación entre la Fiscalía y los ayuntamientos, y si la norma realmente acorta los plazos en la persecución de posibles delitos cometidos por titulares de cargos municipales.
La reforma ya aprobada marca un punto de inflexión en la relación entre autoridad municipal y justicia estatal; su ejecución efectiva dependerá ahora de la implementación administrativa y del seguimiento de las instituciones encargadas de investigar y sancionar hechos ilícitos.
Desde Veracruz, el pulso político y la expectativa ciudadana convergen en la esperanza de una mayor eficacia judicial sin demoras procesales que, hasta hoy, eran achacadas al régimen del fuero municipal.
