La recuperación de Venezuela tras los dos terremotos del 24 de junio podría costar hasta 21.000 millones de dólares, según la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) presentada este martes y liderada por el Gobierno venezolano conjuntamente con agencias internacionales.
Alcance del daño y propósito del estudio
El documento, desarrollado con la participación de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, y con acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, analiza los efectos en los sectores social, productivo e infraestructura, así como aspectos transversales. Los sismos —de magnitud 7,2 y 7,5— afectaron a siete estados y dejaron, según el recuento incluido en la PDNA, más de 6.500 fallecidos y más de 11.000 viviendas con daños severos.
El estudio también cuantifica las pérdidas y daños en 14.831 millones de dólares, cifra que sirve como base para diseñar las prioridades de la recuperación. Los resultados buscan orientar un marco de recuperación que incluya principios de reconstrucción mejorada y reducción del riesgo.
Entrega y próximos pasos
La directora para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, entregó el informe en Miraflores a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Muschett calificó la PDNA como un insumo inicial para la elaboración de un marco de recuperación respaldado por evidencia.
“Se trata de un primer informe que esperamos sirva como un insumo importante para la elaboración del marco de recuperación resiliente basado en la evidencia”.
Los organizadores consideran que la PDNA permitirá priorizar las intervenciones y facilitará la coordinación entre el Gobierno y los organismos internacionales para levantar planes de financiamiento, reconstrucción y mitigación del riesgo futuro.
Implicaciones y retos de la reconstrucción
El monto estimado de 21.000 millones de dólares incluye intervenciones destinadas no solo a reparar lo perdido, sino a reconstruir con mejores estándares para aumentar la resiliencia ante futuros eventos sísmicos. Esto implica retos técnicos, logísticos y financieros: desde la evaluación de estructuras existentes hasta la priorización por zonas y sectores críticos como vivienda, salud, educación, transporte y servicios básicos.
Entre los desafíos inmediatos se encuentran:
- Determinar fuentes de financiamiento internacional y mecanismos de desembolso eficientes.
- Garantizar que la reconstrucción incorpore normas antisísmicas y planificación urbana que reduzca vulnerabilidad.
- Coordinar la asistencia humanitaria y las necesidades sociales de las comunidades desplazadas o sin vivienda segura.
A corto plazo, la PDNA servirá como referencia para que las autoridades y donantes prioricen acciones y controlen la eficacia de la recuperación.
Recomendaciones prácticas y medidas de precaución
Frente a la posibilidad de réplicas y para minimizar riesgos en la fase de reconstrucción, conviene que las autoridades y la población consideren las siguientes medidas:
- Evaluación estructural profesional: No volver a habitar edificaciones sin una inspección técnica que certifique integridad y cumplimiento de normas.
- Espacios seguros y rutas de evacuación: Mantener despejadas las rutas y señalizar puntos de reunión en cada colonia o barrio.
- Materiales y técnicas resistentes: Priorizar la utilización de diseños y materiales que incrementen la resistencia sísmica en la reconstrucción.
- Planes de contingencia local: Fortalecer brigadas comunitarias y capacitación en primeros auxilios y búsqueda y rescate.
- Transparencia y seguimiento: Exigir mecanismos de supervisión ciudadana y auditoría en el uso de recursos para la reconstrucción.
La PDNA es un punto de partida para convertir la magnitud del daño en un plan de acción coordinado; su eficacia dependerá de la capacidad de movilizar financiamiento, aplicar estándares técnicos y mantener controles transparentes durante la ejecución de la reconstrucción.
| Concepto | Cifra (USD) |
|---|---|
| Necesidades de recuperación estimadas | 21.000 millones |
| Daños y pérdidas reportadas | 14.831 millones |
El informe, por su alcance y las instituciones involucradas, condicionará las decisiones de política pública y la cooperación internacional. Ahora corresponde concretar el marco de recuperación y luego transformar la evaluación técnica en obras y servicios que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
