La Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentó observaciones críticas a la evaluación ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental III, solicitando el rechazo de tres proyectos y la reapertura de estudios en al menos 14 expedientes adicionales dentro de un paquete de 71 iniciativas de exploración minera.
Motivos técnicos y alcance de las objeciones
La FCAI fundamenta su posición en la insuficiencia de la información de base —especialmente en materias hidrológicas, glaciológicas, biológicas y sociales— que, según el dictamen, no debería completarse después de conceder autorizaciones ambientales. Para la facultad, esa práctica impide anticipar impactos en territorios de alta montaña, donde los sistemas de agua y los hábitats son especialmente sensibles.
Proyectos que la UNCuyo considera inviables
Entre los expedientes analizados, la FCAI mantuvo la recomendación de no aprobar y rechazar tres propuestas concretas: Serrucho, Pinot IX y el expediente identificado como 06123520-2020. En cada caso, el dictamen detectó problemas que, en su opinión, no se resolverían con meras correcciones al informe presentado.
- Serrucho: la existencia de Glaciares de Escombros Activos (GEA) y ambientes periglaciales suscita la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares N.º 26.639, y podría implicar áreas de exclusión que afecten prácticamente todo el polígono del proyecto.
- Pinot IX: la cercanía, a menos de un kilómetro, de la Reserva Natural Laguna del Atuel genera preocupación por la posible afectación del ambiente periglacial y de las vegas altoandinas.
- Expediente 06123520-2020: el análisis no incluyó de manera adecuada los efectos acumulativos y sinérgicos sobre la cabecera de cuenca; además, el dictamen advierte riesgos para vegas altoandinas y el hábitat de la ranita del Pehuenche, así como posibles conflictos territoriales con la Ruta Nacional 145 y el complejo Real del Pehuenche.
Revisión y consecuencias para otros expedientes
Además de los tres proyectos que la UNCuyo considera inviables, la FCAI solicitó que los informes de otros 14 expedientes sean rehechos desde su inicio. El foco es garantizar que las líneas de base —condición previa para analizar impactos y medidas de mitigación— estén correctamente definidas antes de decidir si corresponde otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
La exigencia remarca una tensión recurrente en procesos de licenciamiento: la posibilidad de que estudios esenciales se completen tras la autorización resulta, para la universidad, inadmisible cuando se trata de ecosistemas frágiles de alta montaña que sostienen recursos hídricos y biodiversidad críticas para poblaciones locales y cuencas.
Contexto ambiental y social
Malargüe concentra ambientes de montaña donde las formas de vida —desde vegas altoandinas hasta especies endémicas como la ranita del Pehuenche— dependen de la integridad de las cabeceras de cuenca. La presencia de glaciares y de ambientes periglaciares agrega una capa normativa y técnica: la Ley de Glaciares establece áreas de protección que, de aplicarse, pueden limitar o condicionar proyectos extractivos.
La postura de la FCAI pone en primer plano la necesidad de contar con información científica robusta para proteger elementos ecosistémicos que regulan el agua y sostienen la biodiversidad, al tiempo que advierte sobre riesgos de conflicto territorial cuando las propuestas mineras intersectan rutas o complejos ya establecidos.
| Elemento | Riesgo identificado |
|---|---|
| Glaciares/GEA | Posibles áreas de exclusión según Ley 26.639 |
| Vegas altoandinas | Afectación de humedales de altura y hábitats |
| Cabecera de cuenca | Efectos acumulativos y sinérgicos no analizados |
El planteamiento de la UNCuyo añade un elemento técnico y político al debate sobre la expansión de la exploración minera en zonas de alta montaña: exige que la gestión ambiental se base en líneas de base sólidas y completas antes de autorizar cualquier intervención. La decisión final sobre los 71 expedientes condicionará la conservación de cuencas y ecosistemas que, según el dictamen, podrían verse comprometidos por evaluaciones insuficientes.
