El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, emitió una excitativa para que las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos formulen el dictamen de una iniciativa que busca prohibir el uso de dispositivos móviles personales en las escuelas de educación básica.
Qué propone la iniciativa
La iniciativa, presentada por el senador Alberto Anaya Gutiérrez (Partido del Trabajo) el 10 de diciembre de 2025, plantea adicionar un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación para establecer la prohibición del uso de teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar. El proyecto contempla dos precisiones importantes:
- Excepciones para casos de emergencia y para estudiantes con necesidades educativas especiales.
- Facultad para que el personal docente y directivo retenga los dispositivos durante el horario escolar, devolviéndolos al término de la jornada.
“esta presidencia emite atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, a fin de que presenten el dictamen que corresponda al proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 84 de la Ley General de Educación, en materia de prohibición del uso de dispositivos móviles a las y los educandos de nivel básico”.
Argumentos y alcance de la medida
En el documento que acompaña la excitativa se afirma que la propuesta no sería una medida arbitraria ni restrictiva, sino que estaría sustentada en "evidencia científica sólida" que vincula el uso indiscriminado de pantallas en el aula con efectos como la fragmentación de la atención, la saturación de la memoria de trabajo y el impacto negativo en el rendimiento académico. Asimismo, el texto señala que el uso constante de pantallas incide en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa obliga a considerar varias dimensiones si avanza en dictamen y en su eventual aprobación: la capacidad de las escuelas para custodiar dispositivos; protocolos claros sobre qué se considera emergencia; la protección de derechos de estudiantes con necesidades educativas especiales; y la coordinación con padres de familia y autoridades educativas locales.
Posibles consecuencias y retos operativos
De aprobarse, la disposición tendría efectos prácticos inmediatos en el funcionamiento cotidiano de los centros de educación básica. Entre los retos que deberán abordarse se encuentran:
- Establecer normas precisas para la retención y devolución de dispositivos, evitando arbitrariedades.
- Garantizar que las excepciones por condiciones educativas especiales se identifiquen y respeten sin estigmatizar al estudiantado.
- Diseñar mecanismos de comunicación con las familias sobre protocolos de emergencia y permisos.
- Capacitar a docentes y directivos en gestión del comportamiento y en estrategias pedagógicas que sustituyan el uso de dispositivos en el aula.
| Aspecto | Propuesta |
|---|---|
| Dispositivos afectados | Teléfonos, tabletas, relojes inteligentes y otros móviles |
| Excepciones | Emergencias y necesidades educativas especiales |
| Acción del personal escolar | Retención durante la jornada con devolución al finalizar |
El debate público sobre el tema combina preocupaciones legítimas sobre distracción y bienestar con preguntas sobre la autonomía escolar y la responsabilidad parental. Especialistas en educación y salud mental suelen advertir que, más allá de una prohibición, es necesario integrar políticas que formen en el uso responsable de la tecnología y que favorezcan entornos de aprendizaje que reduzcan la dependencia de las pantallas.
Ahora corresponde a las comisiones dictaminar el proyecto y, en su caso, llevarlo al pleno del Senado para su discusión. El paso de la excitativa busca agilizar ese proceso legislativo, pero el resultado dependerá de las deliberaciones técnicas y políticas que se produzcan en los próximos días.
La decisión tendrá alcance nacional y obligará a las autoridades educativas y a las comunidades escolares a adaptar procedimientos y materiales de comunicación para garantizar que cualquier cambio respete derechos, atienda excepciones y contribuya realmente al aprendizaje y al bienestar de niñas, niños y adolescentes.
