La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la instancia responsable de definir el destino final de nueve delfines que permanecen en las instalaciones clausuradas del parque acuático Ventura Park, en Cancún, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo.
Competencia federal y responsabilidades de la empresa
El titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera, puntualizó que el caso corresponde al ámbito federal y que la Secretaría estatal actúa en apoyo cuando la Profepa lo solicita. Además, subrayó que la empresa sigue obligada a proporcionar alimentación, atención veterinaria y condiciones adecuadas de agua y estimulación para los animales.
"Quién trae la batuta es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente"
La Profepa, según la SEMA, ya estableció condicionantes específicas en el acta de clausura que deberán cumplirse para autorizar cualquier movimiento de los mamíferos marinos. Esas condiciones serán determinantes para aceptar o rechazar traslados a santuarios u otros centros.
Los ejemplares y preocupación ciudadana
Los nueve delfines identificados permanecen en las instalaciones clausuradas y tienen nombres reconocibles por activistas y personal del parque: Solei, Oceanía, Mincho, Diego, Squalo, Flex, Apolo, Solomon y Satu. Organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación por posibles problemas médicos en los animales y han exigido un plan claro de reubicación.
- Autoridad decisiva: Profepa.
- Supervisión estatal: SEMA de Quintana Roo como coadyuvante.
- Responsabilidad operativa: la empresa debe garantizar alimentación, agua y atención veterinaria.
Contexto regional del cautiverio de cetáceos
El caso se inscribe en un panorama regional donde Quintana Roo concentra una parte significativa de las instalaciones para cetáceos en México: 19 de las 33 instalaciones registradas en el país están en la entidad. El censo oficial nacional contabiliza 229 ejemplares, aunque ONGs calculan que el número podría elevarse hasta 350 si se considera el registro no oficial de algunas instalaciones.
| Aspecto | Dato |
|---|---|
| Instalaciones en Quintana Roo | 19 de 33 a nivel nacional |
| Censo oficial de cetáceos en México | 229 ejemplares |
| Estimación ONG | Hasta 350 ejemplares |
Qué implica el acta de clausura
Cuando la Profepa levanta un acta de clausura en instalaciones con fauna marina, suele fijar condicionantes técnicas que abarcan calidad del agua, programas de alimentación, protocolos veterinarios y requisitos para transporte especializado si se autoriza un traslado. En este caso, la SEMA indicó que esas condiciones ya figuran en la acta y que sin su cumplimiento no se permitirá mover a los ejemplares.
Para la sociedad y las organizaciones protectoras de animales, la existencia de condicionantes es positiva en tanto establece requisitos mínimos, pero también genera urgencia: los procesos administrativos y la verificación técnica pueden llevar tiempo, periodo durante el cual los animales permanecen en el lugar clausurado y bajo la responsabilidad legal del propietario del parque.
Demandas de las ONGs y expectativas locales
Grupos civiles demandan una resolución expedita y transparente que priorice el bienestar de los delfines. Entre sus exigencias están la evaluación veterinaria pública, un plan de reubicación en santuarios acreditados en caso de ser necesario, y la supervisión constante de las condiciones de vida de los animales mientras se define su destino.
Por su parte, la SEMA ha rechazado la versión de abandono y ha insistido en que la empresa debe mantener los cuidados básicos mientras la autoridad federal concluye su proceso.
Impacto y siguientes pasos
La decisión de la Profepa marcará un precedente sobre cómo se manejan casos similares en Quintana Roo, donde la presión turística y la oferta de entretenimiento con fauna marina han sido objeto de debate público. Las próximas acciones consistirán en la evaluación técnica por parte de la autoridad federal, el seguimiento de las condiciones establecidas en el acta de clausura y, eventualmente, la autorización o prohibición de cualquier traslado.
Mientras tanto, la comunidad local, las organizaciones protectoras y las autoridades deberán vigilar que se cumplan las obligaciones de cuidado y que cualquier resolución priorice la salud y la seguridad de los animales involucrados.
