En la entrega del Informe General de Resultados correspondiente a la Cuenta Pública 2025, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) informó sobre un presunto daño patrimonial total de 2,749,658,658.55 pesos detectado durante las revisiones a gobiernos municipales, paramunicipales y entes estatales.
Concentración del daño en el último año de gestión
Según el reporte presentado en el Congreso del Estado, la mayor parte del impacto económico se concentró en el ejercicio final de las administraciones municipales salientes. La auditora responsable atribuyó este fenómeno a la falta de entrega oportuna y certificada de expedientes durante los cambios de administración, así como a la ausencia de comunicación entre autoridades entrantes y salientes.
“El cambio de administración municipal sigue siendo el principal obstáculo: no entregan expedientes, no certifican documentos y eso dispara las observaciones graves”.
De los 211 ayuntamientos auditados, 181 registraron observaciones consideradas graves que, en conjunto, derivaron en un presunto perjuicio económico de 2,703,301,531.62 pesos. Los restantes 30 municipios sólo presentaron inconsistencias de tipo administrativo, susceptibles de recomendaciones u observaciones preventivas, sin que alcanzaran la gravedad anterior.
Resultados en paramunicipales y entes estatales
Además de los municipios, el ORFIS revisó 19 organismos paramunicipales, donde se detectaron irregularidades financieras por 42,156,725.55 pesos en 14 de ellos; cinco entidades únicamente mostraron fallas administrativas. En el ámbito estatal, de 81 entes auditados, 17 registraron un presunto daño patrimonial acumulado de 4,200,401.38 pesos, 63 presentaron deficiencias administrativas y solo uno quedó sin observaciones.
| Rubro | Entidades revisadas | Observaciones graves | Presunto daño patrimonial (pesos) |
|---|---|---|---|
| Ayuntamientos | 211 | 181 | 2,703,301,531.62 |
| Paramunicipales | 19 | 14 | 42,156,725.55 |
| Entes estatales | 81 | 17 | 4,200,401.38 |
Explicaciones y contexto
La auditora subrayó que el incremento de las observaciones en comparación con el ejercicio anterior, estimado en alrededor de un 15 por ciento, guarda relación con la problemática del relevo de administraciones municipales. El retraso o la ausencia en la entrega de documentación certificada y la falta de comunicación directa habrían generado un rezago administrativo que derivó en observaciones más graves y cuantiosas.
El informe señala, sin embargo, que existe un grupo de municipios cuyos hallazgos no escalaron a presunto daño patrimonial, sino que se limitaron a inconsistencias administrativas que pueden ser subsanadas mediante recomendaciones. Este contraste pone sobre la mesa la necesidad de procesos más ordenados y protocolos claros durante los traspasos de gobierno municipal.
Implicaciones para la gestión local
Para los habitantes y la prestación de servicios públicos, los hallazgos representan un llamado de atención sobre la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos. Observaciones graves pueden dar pie a sanciones administrativas, requerimientos de devolución de recursos o procedimientos legales según la legislación aplicable.
- Principales causas señaladas: falta de entrega documental, ausencia de expedientes certificados y mala comunicación entre administraciones.
- Áreas más afectadas: gobiernos municipales, con la mayor parte del monto observado.
- Riesgo fiscal: incremento del 15% respecto al año previo vinculado al proceso de entrega-recepción.
El documento del ORFIS cierra un ciclo de revisión que ahora abre etapas de seguimiento: notificaciones formales, solicitud de aclaraciones y, en su caso, la definición de responsabilidades administrativas o financieras. Para comunidades que dependen de obras y programas municipales, la claridad y la pronta actuación en torno a estas observaciones serán determinantes para no afectar la continuidad de servicios.
El informe pone en evidencia la fragilidad de algunos procedimientos administrativos locales y la necesidad de mecanismos más robustos para garantizar la integridad documental en los traspasos de poder. La expectativa es que las siguientes autoridades y la propia sociedad civil exijan mayor diligencia para evitar que el presunto daño patrimonial se traduzca en menos recursos efectivos para obras y programas en los municipios veracruzanos.
