El Comité Ejecutivo Nacional de Morena afirmó este domingo que las detenciones relacionadas con la investigación por contrabando de combustible —incluida la aprehensión de la apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., Guadalupe Hernández Hinojosa— desmienten la existencia de una persecución política contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, actualmente vinculado a proceso.
Postura de la dirigencia y alcance de la investigación
En un comunicado, la dirigencia nacional de Morena —bajo la presidencia de Ariadna Montiel Reyes— destacó que la carpeta de investigación no se centra en una sola persona, sino que indaga “al esquema de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México” y a quienes integran ese posible entramado. La versión oficial señala avances que ya suman varias detenciones en el mismo expediente.
“Cada nueva detención debilita el discurso de la ‘persecución política’.”
El comunicado precisa que la causa abarca un número amplio de operaciones y ordenes judiciales, y atribuye a la investigación la identificación de un supuesto perjuicio económico significativo para el país.
Datos clave del caso
Entre las cifras mencionadas por la dirigencia morenista y vinculadas en el expediente se encuentran:
- 9 personas detenidas hasta la fecha en el mismo caso.
- 25 órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación.
- Un posible daño al erario estimado en más de 4 mil millones de pesos.
- Investigación de aproximadamente 4 mil 238 operaciones por presunto contrabando de combustible.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Personas detenidas | 9 |
| Órdenes de aprehensión | 25 |
| Operaciones investigadas | 4,238 |
| Daño estimado | más de 4,000 millones de pesos |
Contexto de las detenciones y antecedentes del expediente
El caso, que alcanzó relevancia pública desde julio, conecta a Ingemar S.A. de C.V. con un decomiso mayor de hidrocarburo: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó en julio de 2025 sobre el aseguramiento de 129 ferrotanques que contenían más de 15 millones 480 mil litros de combustible de procedencia ilícita en operativos en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. Ese hecho forma parte de la matriz de averiguaciones en la que la Fiscalía General de la República (FGR) ha venido identificando personas y posibles responsabilidades.
El exgobernador Ruffo, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 con el Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido y vinculado a proceso el 23 de julio. Actualmente se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 1 “El Altiplano”, según la versión difundida por la dirigencia morenista.
Contraste con la reacción del PAN
Morena reprocha que la reacción inicial del PAN fue acusar la existencia de una persecución política en contra de Ruffo, cuando —sostienen— la investigación alcanza a múltiples actores y operaciones. La dirigencia morenista incluso señaló que dentro del propio PAN hubo voces que atribuían al exgobernador vínculos con el crimen organizado, y consideró que el partido opositor debería explicar por qué defendió de inmediato a su militante frente a la investigación.
El comunicado del CEN afirma que el curso de las diligencias mostrará responsabilidades y que serán los jueces quienes determinen la situación jurídica de los detenidos. Mientras tanto, el caso mantiene un alto perfil político y judicial por la mezcla de exfuncionarios, empresas involucradas y magnitudes económicas asociadas.
La carpeta de investigación sigue abierta y, de acuerdo con las cifras que circularon desde la dirigencia morenista, restan por cumplimentar varias órdenes judiciales y esclarecer la participación concreta de cada persona vinculada al expediente.
